La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar su actualización de ‘Proyecciones demográficas para España en el horizonte 2024-2070’. Según este organismo, la población española crecerá de los 48,6 millones a 52,1 millones en 2050 y alcanzará un máximo de 52,7 millones en 2070. Todo ello se explica, fundamentalmente, por el aporte de la inmigración, en un contexto en el que el crecimiento vegetativo es negativo y la fecundidad española sigue anclada en un mínimo histórico de 1,1 hijos por mujer
Hasta aquí, la fotografía parece clara. Sin embargo, un examen más detenido revela notables discrepancias entre la visión de la AIReF y la de otros organismos internacionales. Por ejemplo, mientras que la ONU prevé una caída dramática de la población española hasta los 39 millones en 2070, la AIReF dibuja un escenario de estabilidad con más de 52 millones.
Eurostat, por su parte, proyecta descensos más moderados, situando la población en 47,7 millones en esa misma fecha. El INE, en cambio, ofrece previsiones más optimistas aún que la AIReF, rozando los 55 millones. Esta dispersión de cifras pone de relieve que la clave no está en la mortalidad o en la fecundidad, sino en los supuestos sobre la inmigración.
Aquí es donde conviene introducir una crítica de fondo. Las cifras de la AIReF y del propio INE asumen, de manera implícita o como a mí me gusta decir: están ‘atezanadas’, pensando que la llegada masiva de inmigrantes resolverá el problema del envejecimiento y de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero esta conclusión es apresurada. Primero, porque la integración económica y cultural de los recién llegados no es automática, y la experiencia de las dos últimas décadas demuestra que los procesos de inserción en el mercado laboral son desiguales y generan tensiones sociales. Segundo, porque se pasa por alto la cuestión de la compatibilidad cultural.
En los últimos años, la inmigración latinoamericana ha vuelto a ser predominante en España. Este fenómeno tiene ventajas evidentes: cercanía cultural, idioma común y valores compartidos. Frente a ello, la política migratoria del actual gobierno mantiene una actitud pasiva y acrítica, aceptando de hecho una inmigración masiva y poco selectiva, sin criterios de integración ni de afinidad cultural. España, con un 18,2% de población nacida en el extranjero en 2024, supera ampliamente a Francia, Portugal o Italia, sin que exista un debate serio sobre la sostenibilidad de este modelo.
Otro punto débil de las proyecciones es que se presentan como verdades técnicas cuando en realidad descansan sobre supuestos volátiles. La AIReF emplea modelos de gravedad y algoritmos de inteligencia artificial para anticipar los flujos migratorios, mientras que la ONU y Eurostat prefieren proyectar trayectorias más estables. Pero, en cualquier caso, ninguna metodología puede prever crisis económicas, convulsiones políticas o cambios de política migratoria, factores todos ellos determinantes. La presentación de cifras con aparente precisión (399.000 entradas netas en 2025, 308.000 en 2027) genera una ilusión de certeza que es engañosa.
La realidad es que España se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento acelerado de su población y la presión migratoria creciente. Pretender resolver el primero con el segundo es un espejismo. Una política seria debería combinar estímulos a la natalidad —apoyo a las familias, conciliación, vivienda asequible— con una inmigración selectiva y orientada a la integración. No se trata de rechazar la inmigración, sino de priorizar aquella que refuerce la cohesión social. Hispanoamérica representa en este sentido una oportunidad evidente, mientras que los flujos de otras procedencias, como Marruecos, que es la que apunta como mayoritaria la AIReF, presentan mayores dificultades de integración.
En definitiva, el estudio, aunque técnicamente riguroso, peca de un exceso de optimismo respecto a la inmigración y de una aceptación acrítica de la política migratoria actual. Frente a la complacencia oficial, urge abrir un debate nacional sobre qué tipo de inmigración queremos y cómo podemos garantizar que contribuya al sostenimiento de nuestro modelo social sin deteriorar la identidad cultural ni la estabilidad social de España. Las proyecciones estadísticas pueden ofrecer escenarios, pero las decisiones políticas son las que marcarán el rumbo de nuestra demografía en las próximas décadas.
