El estudio destaca que la agricultura española afronta desafíos crecientes derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y la volatilidad económica. Ante este escenario, los investigadores consideran necesario que la PAC evolucione hacia medidas capaces de fortalecer la capacidad de adaptación del sector.
Entre las prioridades señaladas figura la incorporación de herramientas científicas que permitan evaluar el impacto real de las ayudas agrarias y diseñar estrategias más eficaces para responder a sequías, fenómenos meteorológicos extremos o degradación del suelo.
Indicadores para medir el impacto ambiental y social de las ayudas
Uno de los ejes del informe es la creación de sistemas de indicadores que permitan medir cómo influyen las políticas agrarias en aspectos clave como la biodiversidad, el secuestro de carbono, los servicios ecosistémicos y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
El CSIC ya trabaja en plataformas de evaluación orientadas a analizar los efectos de la PAC sobre la sostenibilidad del sistema agropecuario español, integrando variables ambientales y sociales en el seguimiento de las políticas públicas.
Más coordinación entre ciencia, administraciones y sector agrario
Los expertos consideran imprescindible reforzar la colaboración entre investigadores, administraciones públicas y profesionales del campo para diseñar políticas más ajustadas a la realidad territorial.
El informe también insiste en la importancia de aumentar la transferencia de conocimiento científico hacia agricultores y ganaderos, con el objetivo de facilitar prácticas más resilientes y sostenibles.
Biodiversidad, rentabilidad y adaptación: claves para la nueva PAC
La investigación coincide con otras iniciativas científicas europeas que reclaman una PAC capaz de frenar la pérdida de biodiversidad sin comprometer la viabilidad económica de las explotaciones. Entre las propuestas figuran incentivos ligados a la restauración ecológica, una mejor planificación territorial y mayores inversiones en evaluación y seguimiento de resultados.
El objetivo final es construir un modelo agrario más competitivo y preparado frente a crisis climáticas, económicas y sociales, garantizando al mismo tiempo el equilibrio entre productividad y sostenibilidad.
