Las emisiones no siguen el ritmo necesario
El informe, elaborado por Diego Rodríguez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid y FEDEA, analiza el estado de cumplimiento de los principales indicadores del PNIEC a partir de los datos más recientes disponibles.
Según el documento, el objetivo de reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 resulta cada vez más difícil de alcanzar. Aunque en 2023 se produjo una reducción significativa, la tendencia se desaceleró posteriormente. En 2024 las emisiones descendieron apenas un 0,8%, mientras que las estimaciones para 2025 apuntan incluso a un repunte superior al 1%.
El estudio considera que España debería mantener reducciones superiores al 5% anual hasta el final de la década para cumplir con la senda prevista, un ritmo que históricamente solo se ha producido en escenarios de crisis económica o bajo circunstancias excepcionales.
Transporte y hogares, principales obstáculos
El análisis sectorial identifica al transporte como el principal factor que dificulta la descarbonización. Las emisiones asociadas a este ámbito mantienen una tendencia creciente desde 2021, alejándose de los compromisos climáticos.
También los hogares y el sector servicios presentan dificultades para reducir su impacto ambiental. Frente a ello, la generación eléctrica y la industria continúan mostrando una evolución más favorable, aunque el sector energético perdió parte de su impulso en 2025 debido a cambios en el mix de generación tras el apagón registrado ese año.
Las renovables avanzan, pero lejos de los objetivos
El peso de las energías renovables en el consumo final alcanzó el 25,8% en 2025, impulsado principalmente por la expansión de la generación eléctrica. Sin embargo, el informe subraya que esta cifra todavía se encuentra lejos del objetivo del 48% fijado para 2030.
La energía fotovoltaica continúa liderando la transición energética con un crecimiento sostenido de potencia instalada. No obstante, FEDEA advierte de que este ritmo podría ralentizarse por la caída de rentabilidad, el aumento de vertidos energéticos y la incertidumbre económica de nuevos proyectos.
Por el contrario, la energía eólica mantiene un desarrollo inferior al esperado debido a obstáculos administrativos, procesos judiciales y retrasos en autorizaciones.
El almacenamiento energético sigue rezagado
Uno de los puntos críticos señalados por el informe es el almacenamiento energético, considerado esencial para integrar más renovables en el sistema.
Aunque se prevé un crecimiento de baterías a partir de 2026, FEDEA considera que llega tarde para cumplir los objetivos del PNIEC. En cuanto al bombeo hidráulico, las dificultades regulatorias y los largos plazos de ejecución reducen las posibilidades de contar con nueva capacidad relevante antes de 2030.
Hidrógeno renovable y electrificación, asignaturas pendientes
El documento también pone el foco en los gases renovables. El hidrógeno verde continúa avanzando por debajo de lo previsto debido a la falta de demanda consolidada y la incertidumbre regulatoria.
En cambio, el biogás y el biometano muestran una evolución más positiva, aunque su contribución al sistema energético sigue siendo limitada.
Respecto a la electrificación, FEDEA considera insuficiente el progreso en sectores clave como la industria, los servicios y especialmente el transporte. Aunque las matriculaciones de vehículos electrificados crecieron en 2025, el informe estima que España podría situarse por debajo de los tres millones de vehículos eléctricos en 2030, lejos de los 5,5 millones contemplados por el PNIEC.
Reformas regulatorias y necesidad de consenso político
El observatorio analiza además las reformas regulatorias recientes, destacando medidas dirigidas a simplificar permisos y agilizar el despliegue de renovables y almacenamiento.
Entre ellas figura el Real Decreto-ley 7/2026 y diversas modificaciones en redes eléctricas y mercados energéticos. FEDEA valora positivamente estas iniciativas, aunque insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos estables que permitan acelerar la transición energética.
El informe concluye que la segunda mitad de la década será decisiva para corregir desviaciones y reforzar políticas públicas que permitan acercarse a los objetivos climáticos comprometidos por España.
