La decisión de la Comunidad de Madrid de aprobar la prórroga de la explotación minera de sepiolita en las Lagunas de Ambroz ha generado una fuerte contestación social y ecologista ante el riesgo de desaparición de uno de los enclaves naturales más singulares del este de la capital.
Según ha trascendido a través de una nota oficial, el Ejecutivo regional está ultimando la aprobación definitiva de la ampliación del proyecto “Tolsadeco”, promovido por la empresa TOLSA. Esta decisión supondría el vaciado de la Laguna Grande de Ambroz, la destrucción de sus taludes y la alteración profunda de su entorno natural, un espacio que alberga una notable diversidad de fauna y flora.
El anuncio ha sido recibido con preocupación por parte de asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas, que denuncian que la medida prioriza el beneficio económico frente a la protección del medioambiente y la salud de la población local.
Un enclave con alto valor ecológico en riesgo
La Laguna Grande de Ambroz no es, como sostiene la administración regional, una simple acumulación de agua en un hueco minero. Diversos informes técnicos apuntan a que se trata de una laguna permanente de origen freático, alimentada por el acuífero subyacente, lo que la convierte en un ecosistema estable y de gran valor ambiental.
En su entorno habitan numerosas especies de aves acuáticas, como somormujos, fochas, gallinetas o zampullines, además de una destacada colonia de avión zapador, especie catalogada como de interés especial en la región. Estos datos están respaldados por estudios científicos recientes sobre biodiversidad en la zona.
Sin embargo, las entidades agrupadas en el Grupo de Trabajo para la Protección y el Estudio de las Lagunas de Ambroz denuncian que la Declaración de Impacto Ambiental presenta importantes carencias, al no recoger adecuadamente ni la riqueza biológica del enclave ni el origen natural del agua.
Impacto social y sanitario en los barrios colindantes
Más allá del impacto ambiental, la posible ampliación de la explotación minera preocupa también por sus consecuencias en la calidad de vida de los vecinos de distritos como San Blas-Canillejas y Vicálvaro.
La futura mina a cielo abierto se situaría a menos de 200 metros de instalaciones deportivas y a unos 400 metros de viviendas y centros educativos, en una zona afectada por los vientos dominantes. Esto, advierten las asociaciones, podría generar problemas de salud derivados del polvo, el ruido y la actividad industrial continuada.
Además, los residentes perderían un espacio natural utilizado habitualmente para el ocio, el deporte y el contacto con la naturaleza, lo que supone un deterioro del entorno urbano y social.
Promesas incumplidas y horizonte retrasado
Otro de los puntos de conflicto radica en el incumplimiento de proyectos urbanísticos y ambientales previamente anunciados. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad habían planteado la creación de una gran zona verde en este entorno, integrada en iniciativas como el Bosque Metropolitano y la Nueva Centralidad del Este.
Sin embargo, la aprobación de la prórroga minera aplazaría la materialización de este espacio verde al menos hasta 2037, lo que ha incrementado el malestar entre la ciudadanía.
Respuesta vecinal y posibles acciones judiciales
Las asociaciones vecinales y ecologistas han anunciado que presentarán alegaciones formales contra la aprobación del proyecto y no descartan acudir a la vía judicial para frenar la iniciativa.
El conflicto abre un nuevo frente en el debate sobre el modelo de desarrollo urbano en Madrid, enfrentando dos visiones: la que apuesta por la expansión económica e industrial y la que reclama la protección del patrimonio natural y la calidad de vida de los barrios.
