El origen del conflicto se sitúa en la sentencia del TSJM de septiembre de 2024, que anuló varios preceptos clave de la ordenanza de movilidad, especialmente los relacionados con la delimitación de las ZBE. El tribunal consideró que existía una insuficiencia en el informe de impacto económico, así como carencias en la evaluación ambiental y en el análisis de alternativas menos restrictivas.
Posteriormente, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Ayuntamiento, al entender que no existía interés casacional suficiente, subrayando que el recurso municipal se basaba en una discrepancia sobre la valoración de pruebas, aspecto que no corresponde a esta vía judicial.
Sin embargo, desde el Gobierno municipal se insiste en que la anulación no implica automáticamente la devolución de las multas, ya que las sentencias no afectan a actos firmes anteriores, salvo en casos concretos recurridos individualmente.
Nueva ordenanza y continuidad de las ZBE
Desde el área de Movilidad, dirigida por Borja Carabante, se ha destacado que la reciente aprobación de una nueva ordenanza de movilidad, vigente desde marzo, deja sin efecto práctico la sentencia.
Esta normativa consolida el modelo de ZBE en la capital, introduce ajustes técnicos y amplía medidas como:
- La extensión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en unas 60.000 nuevas plazas
- La posibilidad de flexibilizar horarios y días de aplicación
- Autorizaciones temporales para vehículos sin distintivo ambiental empadronados
El Consistorio defiende que esta nueva regulación cumple con todos los requisitos legales y corrige las deficiencias señaladas por los tribunales.
Vox exige la devolución de las sanciones
Frente a esta posición, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha anunciado la presentación de una moción en el Pleno de Cibeles para exigir la devolución de las multas.
Ortega Smith considera que, tras la firmeza de la resolución judicial, “debe cumplirse el Estado de Derecho”, y ha acusado al Gobierno municipal de haber actuado de forma dilatoria al recurrir la sentencia.
Además, ha calificado la actuación del Consistorio como un supuesto “fraude de ley”, criticando que se hayan mantenido las restricciones mediante una nueva ordenanza. Según sus estimaciones, las sanciones derivadas de las ZBE habrían generado ingresos cercanos a los 300 millones de euros anuales.
Debate político y modelo de movilidad
El conflicto reabre el debate sobre el modelo de movilidad en la capital, vigente desde 2018, y sobre el equilibrio entre restricciones medioambientales, seguridad jurídica y recaudación.
Mientras el Ayuntamiento defiende la legalidad de su actuación y la necesidad de mantener medidas contra la contaminación, la oposición cuestiona tanto la gestión normativa como el impacto económico sobre los ciudadanos.
En este contexto, la discusión sobre las ZBE se traslada ahora al terreno político, con un Pleno municipal que previsiblemente abordará una de las cuestiones más sensibles para miles de conductores madrileños.
