La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un documento de alegaciones y propuestas a la versión inicial de la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid y a su Estudio Ambiental Estratégico, en el que reclama metas cuantitativas claras, más inversión en prevención y reutilización de residuos, penalizaciones a la incineración y la creación de un Plan Regional de Gestión de Olores.
La entidad, que agrupa a casi 300 asociaciones de 51 municipios, considera que el proyecto del Gobierno autonómico presenta “importantes carencias estructurales”, entre ellas la ausencia de objetivos medibles y un calendario verificable, la falta de una hoja de ruta para implantar el sistema de Pago por Generación (PAYT) y un modelo de tratamiento de residuos aún centrado en la fracción resto y la incineración.
La FRAVM denuncia además que el Ejecutivo regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha tramitado la estrategia “con agosticidad”, ya que el periodo de exposición pública de 45 días coincidió casi íntegramente con el mes de agosto, limitando —según la federación— el derecho ciudadano a la participación ambiental. Por ello, solicita abrir un nuevo plazo de alegaciones, revisar los plazos de ejecución y reajustar los objetivos e indicadores que caducan en 2025, proponiendo además un régimen transitorio para garantizar la continuidad de las obligaciones hasta que la nueva estrategia entre en vigor.
Metas cuantitativas y financiación suficiente
En su documento, la Federación Vecinal propone que la estrategia incluya un cuadro de metas verificables entre 2026 y 2032, con evaluaciones bienales sobre la reducción de residuos municipales, la extensión del sistema PAYT, la recogida selectiva de bioresiduos y la implantación del modelo de recogida puerta a puerta.
Asimismo, critica que la dotación presupuestaria actual para prevención y reutilización es “absolutamente insuficiente”, y reclama que al menos el 12% del presupuesto total se destine a programas finalistas centrados en la reducción en origen, la reutilización y reparación de productos, la compra verde obligatoria en el sector público y campañas de sensibilización con resultados medibles.
Pago por Generación (PAYT) y responsabilidad municipal
El modelo PAYT, que vincula el pago de la tasa de basura a la cantidad realmente generada por cada hogar o comercio, es —según la FRAVM— clave para avanzar hacia la economía circular. No obstante, lamenta que el texto regional se limite a “mencionar estudios y guías”, sin fijar objetivos ni plazos de aplicación.
Por ello, propone la aprobación de una norma autonómica que obligue al uso del PAYT en los municipios, ayudas económicas a los ayuntamientos que lo implanten y un calendario escalonado hasta 2032, adaptado al tamaño y características de cada localidad.
Penalización de vertederos e incineradoras
La Federación Vecinal considera que el mantenimiento de los sistemas de vertedero e incineración “ancla a la Comunidad en un modelo de gestión del pasado”. En su opinión, el actual enfoque de la estrategia desincentiva la separación de residuos y la prevención, al mantener un sobredimensionamiento de la fracción resto.
En este sentido, exige un plan de cierre progresivo de la planta incineradora de Las Lomas en Valdemingómez, que debería culminar entre 2028 y 2030, así como la paralización inmediata de su actividad hasta que cumpla con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) establecidas por la Unión Europea. Además, solicita evaluaciones periódicas de las emisiones y su impacto en la salud de la población y la creación de un canon específico que penalice la incineración.
Un Plan Regional de Gestión de Olores
La FRAVM también denuncia la falta de una política autonómica específica sobre la gestión de olores, un problema que afecta especialmente a los vertederos, plantas de compostaje y digestión anaerobia. Por ello, reclama la aprobación de un Plan Regional de Gestión de Olores (PRGO) que establezca requisitos técnicos mínimos, como naves cerradas para la recepción de residuos, cubrimiento de balsas y sistemas de monitorización continua.
Asimismo, pide fijar distancias mínimas de protección entre las instalaciones y las zonas habitadas (de 2.000 a 5.000 metros, según el tipo y capacidad), la publicación de datos sobre emisiones odoríferas y la creación de protocolos de actuación en episodios de malos olores.
La federación recuerda que ha sido pionera en la lucha contra la contaminación odorífera en la región, destacando su papel en la consecución del plan de inversiones para la reducción de olores en Valdemingómez. Ahora confía en que la Comunidad de Madrid “sea sensible ante un problema que puede hacer la vida imposible a los vecinos” y que integre la gestión de olores en la estrategia regional de economía circular.
