El presidente argentino Javier Milei anunció un aumento de hasta el 35% en las prestaciones por discapacidad, una vez concluidas las elecciones legislativas. La medida, oficializada tras los comicios del 26 de octubre, marca un hecho sin precedentes en la política del país: un mandatario que decide esperar para no transformar un beneficio social en herramienta electoral.
La disposición fue publicada a través de la Resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y prevé un incremento escalonado entre octubre y diciembre. Su objetivo es actualizar el nomenclador nacional, el sistema que regula los pagos a los prestadores de servicios vinculados con la discapacidad.
El aumento, respaldado por el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete, contempla ajustes de entre 29,7% y 35,4%, según el tipo de prestación. Con esta actualización, el Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y reconocer la labor de los profesionales y centros especializados que atienden a personas con discapacidad en todo el país.
Un anuncio que rompe con la lógica electoral
Más allá de los números, el momento elegido para hacer público el aumento fue lo que generó mayor repercusión. El Ejecutivo decidió anunciar la medida después de las elecciones, cuando el resultado ya estaba definido y sin margen para obtener rédito político.
El consejero económico de la Embajada argentina en Madrid, Alejandro Nimo, confirmó que el Gobierno optó por retrasar la comunicación “para evitar que se interpretara como un intento de captar votos”. En un contexto donde los anuncios sociales suelen formar parte del calendario electoral, la decisión de Milei marca un gesto inusual de prudencia institucional.
Analistas consultados en Buenos Aires coincidieron en que se trata de la primera vez en la historia reciente argentina que un presidente posterga una medida de impacto social positivo por razones de ética política. “El mensaje es claro: la responsabilidad económica no debe ceder ante la tentación del populismo”, sintetizó un observador local.
De una ley vetada al equilibrio fiscal
El aumento llega después de meses de debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio y vetada por Milei por falta de fuentes claras de financiamiento. El mandatario argumentó entonces que su aplicación comprometía el compromiso de déficit cero asumido por su Gobierno.
El Congreso insistió en la norma, pero el Ejecutivo mantuvo su postura de no aplicarla hasta contar con respaldo presupuestario suficiente. Con el nuevo incremento, el Gobierno atiende el reclamo del sector sin poner en riesgo las metas fiscales, respondiendo a las necesidades reales de actualización sin convertir la política social en campaña.
Una señal de coherencia y estabilidad
Según estimaciones oficiales, el aumento beneficiará a miles de prestadores y centros especializados, fortaleciendo la red de atención y rehabilitación a nivel nacional. Desde la ANDIS subrayaron que la medida “reconoce la tarea de los profesionales y garantiza la continuidad de los servicios esenciales”.
El anuncio se produce además en un contexto de recuperación fiscal y control del gasto público, dos pilares del programa económico de Milei. Para los analistas, el gesto reafirma su compromiso con una nueva cultura política basada en la coherencia y la responsabilidad.
“En un país acostumbrado a los anuncios de campaña, Milei eligió esperar. Y esa espera, más que un gesto económico, es una declaración de principios”, resumió un economista porteño.
Con esta decisión, el presidente argentino consolida su imagen de líder disruptivo, decidido a romper con las prácticas populistas que dominaron la política del país durante décadas, y a demostrar que la gestión puede anteponerse a la demagogia.
