El partido opositor Vente Venezuela ha denunciado la confiscación de la vivienda en Caracas de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora María Corina Machado desde 2004, en lo que considera un nuevo episodio de represalia política contra el entorno de la dirigente.
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— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) February 25, 2026
El régimen está confiscando la casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado.
Como un acto de retaliación política, la casa en Caracas de Laura Acosta, quien ejerce como asistente personal de María Corina desde 2004 y también es… pic.twitter.com/Fwj3tKjXpX
Según la organización, la medida se ejecutó el 25 de febrero y forma parte de un patrón de hostigamiento contra colaboradores y familiares de la oposición. La vivienda habría sido ocupada por personas que se identificaron ante los vecinos como nuevos propietarios, tras retirar los muebles y pertenencias del inmueble.
Una vivienda bajo control desde 2025
De acuerdo con el relato difundido por el partido, la propiedad ya había sido intervenida previamente. El 24 de marzo de 2025, un grupo de siete funcionarios que se desplazaban en una camioneta sin placas forzó la entrada a la casa y sometió a interrogatorio durante ocho horas a la persona encargada de su custodia, quien se encontraba con un menor de edad.
Posteriormente, esa persona fue obligada a abandonar el inmueble, que quedó marcado como “asegurado”. Desde entonces, según Vente Venezuela, funcionarios no identificados habrían acudido de forma recurrente a la vivienda e incluso pernoctado en ella.
Exilio tras amenazas y orden de captura
El partido opositor afirma que Laura Acosta había recibido amenazas y actos de intimidación desde 2024, lo que la llevó a salir del país en septiembre de ese mismo año tras la emisión de una orden de captura en su contra.
Acosta, considerada una colaboradora histórica y de máxima confianza de Machado, ha trabajado junto a la dirigente durante más de dos décadas y es también miembro activo de la formación política.
Acusaciones de retaliación política
Vente Venezuela sostiene que la confiscación constituye una “retaliación política” dirigida contra personas vinculadas a la oposición y denuncia que se trata de una práctica que se ha repetido en otros casos recientes.
La propia María Corina Machado reaccionó públicamente señalando que su entorno cercano ha sido objeto de una “persecución implacable” durante años y calificó la medida como un intento de castigo por su actividad política.
Llamamiento a la comunidad internacional
El partido ha solicitado la intervención de los Gobiernos de Estados Unidos y España, al señalar que Acosta y su esposo cuentan con vínculos y nacionalidad en ambos países. Desde su perspectiva, la actuación podría tener implicaciones en el ámbito del derecho internacional.
Organizaciones jurídicas y observadores han recordado que la confiscación de bienes por parte del Estado, sin procedimiento judicial ni causa legal acreditada, podría vulnerar las garantías recogidas en la Constitución venezolana.
El caso se suma a una serie de denuncias recientes sobre actuaciones contra colaboradores y figuras próximas a la oposición, en un contexto político marcado por la tensión y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los sectores críticos.