Durante décadas, miles de abogados y procuradores han cotizado fuera del sistema público de pensiones, obligados a mantenerse en una mutualidad que hoy no garantiza prestaciones dignas. Yolanda Vidal, procuradora e integrante del Movimiento J2, expone la situación límite que viven quienes confiaron en una estructura opaca, sin control institucional, y que ahora se enfrentan a pensiones que no superan los 300 euros mensuales. En esta entrevista, repasa el origen del problema, la falta de vigilancia del Estado, el papel de las mutualidades y la necesidad urgente de permitir que los mutualistas se integren plenamente en la Seguridad Social, llevándose su “mochila” de derechos acumulados.
¿Cuál fue el verdadero origen del problema de las pensiones de los mutualistas?
Todo comenzó cuando se dio la oportunidad de integrar el sistema de capitalización colectiva en el Régimen General de la Seguridad Social. El Consejo General de Procuradores (CGPE) pudo haber optado por esa vía, pero prefirió mantener el modelo de mutualidades, preservando así un negocio propio, a costa del futuro previsional de miles de profesionales.
Inicialmente, funcionábamos bajo un modelo de capitalización colectiva, basado en la solidaridad intergeneracional: los aportes iban a un fondo común del que se pagaban las pensiones de los ya jubilados. Pero cuando se pasó a la capitalización individual, cada cotizante empezó a acumular solo para sí mismo. El problema es que a quienes llevaban años en el sistema colectivo no se les reconocieron adecuadamente sus aportes previos. Su mochila quedó prácticamente vacía. Hoy, esa gente se enfrenta a pensiones claramente insuficientes.
¿Cuánto puede llegar a cobrar un mutualista jubilado?
Hay compañeros con 40 años cotizados que están cobrando 300 euros. Las viudas cobran 150 euros, y los huérfanos, apenas 100. Yo, con 25 años cotizados, tengo 50.000 euros acumulados. De ahí saldrá mi pensión cuando me jubile, sin intereses. Este año, por primera vez, nos dieron 37 euros a cada procurador. Una burla.
¿Qué papel ha tenido el Estado ante esta situación?
El Estado ha mirado para otro lado durante décadas. Ha consentido el funcionamiento de unas mutualidades que sabía perfectamente que no podían garantizar una pensión digna. Ha faltado vigilancia, supervisión y responsabilidad política.
¿Y las mutualidades? ¿Cuál ha sido su actitud?
Han actuado con absoluta opacidad. Vendían una imagen de seguridad, incluso con publicidad engañosa: prometían prestaciones equivalentes al RETA, incluso mejores, pero eso era imposible. Nos hacían pagar lo que nos exigían, no lo que queríamos. Además, nos obligaban a suscribir un seguro de fallecimiento que se llevaba una parte muy importante del fondo acumulado.
¿En qué momento permitieron que los mutualistas se fueran al RETA?
En 2012. Pero si querías irte, lo perdías todo: te ibas sin lo aportado y sin antigüedad. Empezabas de cero. Eso fue lo que nos retuvo a muchos durante años.
¿Se sienten atrapados?
Sí, totalmente. Seguimos metiendo dinero en un sistema que no nos da ninguna garantía. Solo pedimos que nos dejen irnos a la Seguridad Social, que nos permitan llevarnos nuestra mochila, nuestro dinero, y que nos reconozcan una pensión digna. Lo que no puede ser es que alguien que no ha contribuido cobre más que nosotros, que hemos estado toda la vida trabajando y cotizando.
¿Cómo es el sistema de votación en la mutualidad?
Indignante. Cada miembro del Consejo Directivo tiene un voto en la asamblea, y su voto equivale al de 300 mutualistas. Es completamente antidemocrático. Un 10 % de los mutualistas solicitamos una asamblea extraordinaria para modificar los estatutos y establecer un sistema justo: “un mutualista = un voto”. Se negaron a celebrarla.
También hablabas del turno de oficio. ¿Cómo es vuestra situación ahí?
Para los procuradores, el turno de oficio es obligatorio. Trabajamos para el Estado, pero no estamos asegurados por él. Las retribuciones son ridículas. Lo máximo que he llegado a cobrar por un asunto son 66,91 €. Además, nos pagamos nuestro propio seguro de responsabilidad civil. Ahorramos dinero al Estado, pero seguimos sin derechos.
¿Y la Fundación de la Mutualidad? ¿Qué ocurre con ella?
Es otra muestra de opacidad. Durante años, estuvimos aportando 10 euros mensuales sin saber que iban a una fundación. Nadie lo sabía. Cuando lo descubrimos, fue porque empezamos a investigar y a ver que no había criterios claros ni transparencia. Lo más sangrante fue el caso de un compañero que necesitaba una silla de ruedas. Nos costó muchísimo conseguir que se la dieran. Si no presionamos, no se mueve nada.
¿Habéis recibido apoyo de los colegios profesionales?
Al principio estaban alineados con la mutua, pero cuando surgió el Movimiento J2, la mayoría de colegios nos apoyaron. También el Consejo General de Procuradores. Se dieron cuenta de que esto era insostenible. Pero seguimos luchando contra estructuras muy rígidas, con sistemas de representación obsoletos.
¿Qué habéis conseguido con el Movimiento J2?
Muchísimo. Presentamos PNL en parlamentos autonómicos, buscamos apoyos en ayuntamientos, y ahora hay un proyecto de ley que esperamos que avance en septiembre. Hemos enviado nuestras enmiendas a todos los grupos parlamentarios. Pero incluso desde dentro, algunos siguen poniendo piedras en el camino. Lo que pedimos es simple: justicia y dignidad.
