La discusión política en torno a la regulación de despidos colectivos ha adquirido un nuevo elemento tras las declaraciones de representantes de PP, Junts y Vox, que han coincidido en criticar la posibilidad de establecer una prohibición legal de despidos colectivos vinculados al traslado de actividad empresarial fuera de la UE. Los diputados señalan que este tipo de iniciativas puede afectar negativamente al clima de inversión y contradecir principios constitucionales y comunitarios sobre la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.
Desde el PP, su portavoz económico ha señalado que “no es aceptable legislar en contra de la competitividad de nuestras empresas ni poner trabas innecesarias a la actividad empresarial”, y ha advertido de que su grupo actuará de forma coordinada con otras formaciones de la oposición para frenar cualquier texto que contemple esa prohibición.
Junts, por su parte, ha puesto el acento en los efectos que tendría una restricción de este tipo sobre la autonomía de las empresas y sobre la creación de empleo. Su portavoz parlamentaria ha señalado que “obligar a una empresa a mantener empleo cuando decide relocalizar su actividad puede tener el efecto contrario al pretendido y conducir a una pérdida mayor de puestos de trabajo”.
Vox ha enfatizado su oposición en términos similares, subrayando que medidas de este tipo pueden generar inseguridad jurídica y perjudicar la competitividad de España frente a otros países. Los portavoces de la formación han adelantado que votarán en contra de cualquier norma que condicione el derecho empresarial a reorganizar sus estructuras productivas a nivel global.
Los tres grupos han coincidido además en reclamar un debate amplio y profundo sobre el empleo, la competitividad y la regulación laboral, que incluya a agentes sociales y económicos antes de plantear reformas de gran impacto como la prohibición de despidos colectivos en casos de traslado de actividad.
Aunque el Ejecutivo aún no ha presentado formalmente una propuesta legislativa con esas características, la anticipación de un rechazo conjunto por parte de PP, Junts y Vox indica que cualquier iniciativa en este sentido afrontará un fuerte bloque opositor en el Parlamento.
