El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ha rechazado el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que vuelve a plantear una liberalización de las farmacias. La organización colegial ha calificado la propuesta de estar "completamente ajena a la realidad sanitaria y social de España" y ha alertado de que desregular los criterios de apertura e intermediación pondría "en riesgo directo" la equidad en el acceso a los medicamentos de los ciudadanos.
Desde el CGCOF recuerdan que el medicamento es un bien esencial para la salud y no un producto de consumo que pueda someterse a una visión estrictamente mercantilista. La institución defiende que la planificación farmacéutica vigente, que regula las distancias mínimas y ratios de población para abrir nuevos establecimientos, no es una barrera arbitraria a la competencia, sino la herramienta legal que garantiza la cohesión territorial. Gracias a este marco normativo, España cuenta hoy con una de las redes más capilares de Europa: 22.231 oficinas comunitarias (una por cada 2.187 habitantes), lo que permite que el 99% de los ciudadanos disponga de una farmacia en su propio municipio.
El peligro de los "desiertos farmacéuticos" y las grandes cadenas
Los profesionales del sector advierten de que las tesis liberalizadoras de la CNMC ya han fracasado en el plano internacional. Según expone el Consejo General, la experiencia en otros países de la Unión Europea demuestra que, cuando las reglas sanitarias se sustituyen por intereses de mercado, el servicio sufre una degradación inmediata. El resultado suele ser la concentración masiva de locales en los centros urbanos más rentables, el cierre de farmacias en la periferia, el abandono de las zonas vulnerables de menor renta y la aparición de "desiertos farmacéuticos" dominados por grandes cadenas verticales, perjudicando de forma directa a la población mayor o con movilidad reducida.
Asimismo, los farmacéuticos recuerdan que esta agenda desreguladora ya fue debatida y descartada de plano en el año 2015, cuando el Ministerio de Sanidad y la totalidad de las comunidades autónomas cerraron filas en torno al modelo español. La capilaridad de la red nacional ha demostrado ser, además, un pilar básico de protección civil en situaciones de catástrofe o emergencia, como se evidenció de forma reciente durante la pandemia de COVID, la erupción del volcán de La Palma, el apagón eléctrico o las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia.
Aval judicial europeo y respaldo del CIS
El comunicado del CGCOF enfatiza que la idoneidad del modelo español no solo cuenta con el respaldo político, sino también con el blindaje legal de los tribunales de máxima instancia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado de forma expresa las restricciones de planificación del país basándose en razones estrictas de salud pública, seguridad del paciente y para garantizar un correcto abastecimiento de medicamentos frente a crisis de suministro globales.
Frente a la insistencia de la CNMC por aplicar criterios de mercado, los farmacéuticos sostiene el arraigo social del servicio actual entre los usuarios. De acuerdo con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las farmacias comunitarias se sitúan como el servicio esencial mejor calificado por los españoles, obteniendo una nota media de 8,2 puntos sobre 10.
Por todo ello, el sector reclama que las administraciones públicas prioricen la protección del paciente y la sostenibilidad del sistema de salud por encima de los beneficios puramente comerciales.
