El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha criticado este martes lo que considera una “injerencia innecesaria” del Gobierno en la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, tras las declaraciones del Consejo de Ministros que cuestionaban la operación por “razones de interés general”.
Garrido ha subrayado que “las decisiones empresariales deben ser tomadas por los accionistas de las empresas interesadas”, y ha recordado que, una vez cumplidos los requisitos legales y de competencia —y sin objeciones por parte de la Comisión Europea—, corresponde únicamente a los accionistas del Sabadell decidir si la oferta es satisfactoria.
“El Gobierno no puede hurtar esta libertad de elección en base a criterios de interés general que, como mínimo, son discutibles”, ha afirmado el líder de la patronal madrileña.
La OPA del BBVA sobre Sabadell: una operación histórica con múltiples frentes
La OPA hostil lanzada por BBVA en mayo sobre Banco Sabadell, valorada en cerca de 12.000 millones de euros, ha abierto un intenso debate político, económico y empresarial. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado su preocupación por la concentración bancaria que supondría la operación y ha anunciado que podría vetarla por razones estratégicas vinculadas al interés nacional y a la estabilidad del sistema financiero.
Sin embargo, desde el ámbito empresarial, numerosos actores han señalado el riesgo de interferencia institucional en operaciones privadas que, según fuentes del sector, cumplen con la normativa de competencia tanto en España como en Bruselas.
La posición de CEIM: defensa de la autonomía empresarial
Miguel Garrido, presidente de CEIM y miembro destacado de la CEOE, ha reiterado que el marco jurídico español y europeo ofrece garantías suficientes para regular este tipo de procesos. “El papel del Gobierno debe ceñirse a garantizar el respeto de la legalidad, no a condicionar decisiones que son competencia exclusiva de los órganos societarios de las empresas implicadas”, ha subrayado.
Garrido ha recordado que “cuando se utiliza el argumento del interés general sin una base técnica clara, se corre el riesgo de erosionar la seguridad jurídica y la confianza inversora”. La CEIM considera que la libre competencia y la neutralidad institucional son claves para mantener un ecosistema empresarial fuerte, especialmente en un contexto económico que exige estabilidad y certidumbre.
Un pulso que va más allá del sector financiero
La operación BBVA-Sabadell es más que una disputa entre dos grandes bancos: se ha convertido en un caso testigo sobre el grado de autonomía real del tejido empresarial frente a los intereses políticos. Varios analistas han advertido de que un posible veto gubernamental, si no está debidamente justificado en términos técnicos y regulatorios, podría enviar un mensaje negativo a los mercados y a los inversores internacionales.
En este contexto, la voz de patronales como CEIM cobra especial relevancia al reivindicar la importancia de la libre decisión de los accionistas y el respeto al marco normativo.
Claves para entender el conflicto
La operación
BBVA ha ofrecido una ecuación de canje de acciones para adquirir Banco Sabadell, operación no amistosa que fue rechazada previamente por el consejo de administración del banco catalán.
La postura del Gobierno
Aunque no ha anunciado oficialmente el veto, el Ejecutivo ha expresado dudas sobre el impacto de la operación en la competencia, la inclusión financiera y la estabilidad regional.
La respuesta empresarial
Organismos como CEIM advierten del riesgo de politización de decisiones que deben resolverse en el ámbito societario.
Una cuestión de fondo: ¿quién decide sobre el futuro empresarial?
La controversia sobre la OPA del Sabadell vuelve a abrir el debate sobre el papel del Estado en las decisiones estratégicas de las grandes empresas. Para Miguel Garrido, la respuesta es clara: “Los gobiernos deben garantizar el marco, pero no sustituir a los propietarios legítimos de las compañías en la toma de decisiones”.
