El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves con Oriol Junqueras para abordar un nuevo paquete de cesiones a Cataluña que incluye el llamado “cupo catalán”, la posible condonación de deuda, la cesión del IRPF y nuevas competencias como la gestión de Cercanías. Sin embargo, bajo esta negociación política se esconde una realidad económica que rara vez ocupa titulares: Cataluña no puede sostener por sí sola su sistema de pensiones.
Los datos oficiales desde 2013 son elocuentes. En estos doce años se han abonado en Cataluña 328.439 millones de euros en pensiones, mientras que las cotizaciones ingresadas han sido 273.926 millones. El resultado es un déficit acumulado de 54.513 millones de euros, cubierto por el sistema estatal con aportaciones procedentes del resto de comunidades.
Cada año, el sistema necesita transferencias millonarias para cuadrar las cuentas. A cierre de octubre de 2025, el déficit anual ya rondaba los 5.900 millones, con previsión de superar los 7.000 millones al cierre del ejercicio. En palabras del economista José Ramón Riera, “cuando una región gasta mucho más de lo que ingresa para pagar pensiones, no hay relato político que lo oculte: hay dependencia financiera estructural”.
Más cesiones, más presión al sistema
Mientras estas cifras crecen, el Gobierno explora fórmulas para:
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Ceder parte de la recaudación del IRPF
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Traspasar la gestión de Cercanías, con un coste anual estimado entre 2.000 y 3.000 millones
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Condonar deuda autonómica, cifrada en torno a 17.000 millones
Según Riera, “hablar de privilegios fiscales sin resolver antes el agujero de las pensiones es como repartir dividendos a una empresa en quiebra”. El economista recuerda que el sistema catalán de pensiones “no es autosuficiente ni siquiera en los mejores años de crecimiento”.
El relato frente a la contabilidad
Durante años se ha alimentado en el debate público el mensaje de que “España roba a Cataluña”. Pero los números muestran lo contrario: sin el resto de España, el sistema de pensiones catalán colapsaría. Cada euro transferido al sistema no es una concesión política, sino una necesidad financiera para evitar el impago de prestaciones.
En este contexto, la negociación entre Sánchez y Junqueras deja de ser ideológica para convertirse en estructuralmente económica. El propio Riera lo resume así: “No se negocia soberanía, se negocia caja”.
La gran incógnita es de dónde saldrá el dinero para cubrir un déficit que no deja de crecer si, al mismo tiempo, se reducen los ingresos estatales mediante cesiones fiscales. Una ecuación que, tarde o temprano, terminará pagando el conjunto de los contribuyentes españoles.
