El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reclamado la aprobación urgente de una ley estatal contra la ocupación ilegal que incluya el desalojo en un plazo máximo de 24 horas, impida el empadronamiento de okupas en los ayuntamientos y contemple un endurecimiento de las penas recogidas en el Código Penal. Así lo ha manifestado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante una entrevista en la agencia Servimedia.
Rodrigo ha señalado que la norma es “urgente y necesaria” para garantizar la seguridad, la convivencia vecinal y la protección del derecho a la propiedad, uno de los principios que considera fundamentales en la Constitución. El consejero ha cargado también contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusa de “tener secuestrada” la ley aprobada por el Senado a propuesta del Partido Popular.
En sus declaraciones, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que actúe para evitar que “la convivencia en los edificios se deteriore por culpa de la okupación”. Rodrigo subrayó que esta situación genera “tensión social, conflictos y deterioro del tejido urbano”.
Críticas a la Ley de Vivienda y al concepto de “zonas tensionadas”
El consejero madrileño también ha criticado duramente la actual Ley de Vivienda estatal, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificándola de “intervencionista, populista y fracasada”. Pese a que la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional, Rodrigo aseguró que la Comunidad de Madrid “cumple la ley, aunque no aplica ciertas medidas que no son obligatorias”.
Una de esas medidas no aplicadas es la declaración de zonas tensionadas, un mecanismo que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en determinadas áreas. Rodrigo justificó esta decisión asegurando que los datos muestran que este modelo “no funciona”, citando ejemplos como Barcelona, París, Berlín y San Francisco, donde, según él, las restricciones han reducido la oferta y han provocado subidas de precios.
“El problema de la vivienda no se ha solucionado y el Gobierno no ha puesto ni un solo ladrillo”, denunció Rodrigo, en alusión a lo que considera una inacción en materia de promoción pública de vivienda por parte del Ejecutivo central.
La Comunidad de Madrid mantendrá su postura
En este contexto, el Gobierno regional insiste en que no aplicará las limitaciones al alquiler, como sí hacen otras comunidades autónomas. Reitera que prefiere centrar sus esfuerzos en promover vivienda pública, agilizar la construcción y proteger la propiedad privada.
Rodrigo concluyó que “la solución no pasa por intervenir precios ni premiar la ocupación”, sino por adoptar medidas legislativas eficaces que permitan restablecer el orden y la legalidad en el mercado inmobiliario. Mientras tanto, la propuesta del PP para regular la okupación continúa paralizada en el Congreso, a la espera de ser debatida.
