La financiación autonómica en España es fuente de intensos debates cuando algunos territorios logran acuerdos singulares y bilaterales con el Estado. En particular, el régimen foral del País Vasco (y Navarra) y la propuesta de una “financiación singular” para Cataluña generan preocupación sobre posibles desequilibrios. En este artículo analizamos cómo afectan estos acuerdos unilaterales a la Comunidad de Madrid, qué perjuicios pueden suponer para los madrileños en términos de impuestos y servicios públicos, y qué medidas cabría tomar para evitar ciudadanos de primera y de segunda categoría. Se aportan datos objetivos de fiscalidad, balances fiscales e inversiones estatales, junto a valoraciones de expertos y responsables políticos.
El régimen foral vasco: un concierto económico “privilegiado”
El País Vasco y Navarra se financian mediante un sistema foral histórico, con su propio Concierto (en Euskadi) y Convenio (en Navarra) económicos. A grandes rasgos, estas comunidades recaudan la mayoría de sus impuestos y pagan al Estado una cantidad negociada conocida como cupo (en el País Vasco) o aportación convenida (Navarra) por los servicios centrales no asumidos (defensa, diplomacia, etc.). Este arreglo, reconocido en la Constitución de 1978 por los “derechos históricos” forales, les permite aportar menos de lo que contribuirían bajo el régimen común, otorgándoles una posición fiscal muy ventajosa según la mayoría de expertos. De hecho, la propia Hacienda estatal confirma que el sistema foral supone un trato fiscal favorable para Euskadi y Navarra.
Los datos lo ilustran claramente. Las últimas balanzas fiscales oficiales (ejercicio 2014, método de carga-beneficio) muestran que, pese a ser la segunda y tercera regiones más ricas de España, País Vasco y Navarra obtuvieron saldos positivos con el Estado: +1.547 € y +179 € per cápita respectivamente. Esto significa que, contabilizando gasto estatal recibido menos ingresos aportados, el Estado gastó más en esos territorios de lo que recaudó allí. Por el contrario, Madrid (la región más rica) tuvo un saldo negativo de –2.979 € por habitante y Cataluña de –1.317 €. En condiciones normales las regiones más acaudaladas presentan déficits fiscales (aportan más de lo que reciben) y las pobres superávits, como reflejo de la solidaridad interterritorial; sin embargo, las forales rompen esta regla al no participar efectivamente en los mecanismos de nivelación. Los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras los de menor renta disfrutan de superávits; País Vasco y Navarra son la anomalía, con superávit a pesar de su riqueza. En opinión de estos expertos, la aportación foral vasco-navarra es pequeña y debería equipararse a la de regiones similares (Madrid o Cataluña) para restaurar la equidad.
En la práctica, el cupo vasco se fija en quinquenios. En 2023 el Gobierno central y vasco acordaron renovar el cupo para 2022-2026, estableciendo una aportación base anual de unos 1.472 millones de euros (lo que equivale aproximadamente a un 6,24 % de ciertos gastos estatales, proporción ligada al peso económico vasco). Gracias al fuerte crecimiento de la recaudación tributaria en 2023, las arcas vascas y navarras aportaron conjuntamente 2.565 millones al Estado ese año (un 23 % más que el anterior). Aunque pudiera sonar elevado, esta cifra no ingresa en la “bolsa común” de financiación autonómica que se reparte entre las demás comunidades, sino que va directamente al Estado central. Es decir, Euskadi y Navarra no contribuyen al Fondo de Garantía que nivela los recursos para los servicios públicos en las autonomías comunes. Los economistas apuntan que deberían participar, porque su capacidad fiscal excede sus necesidades de gasto. La consecuencia es que el País Vasco retiene la mayor parte de sus ingresos tributarios para gasto propio, pudiendo incluso permitirse fiscalidad más baja o mayor gasto por habitante sin sufrir la redistribución general. No sorprende que otras regiones perciban esto como un privilegio: en palabras de un análisis periodístico, “los territorios forales han vivido como privilegiados a costa del resto de españoles”.
Cabe añadir que este régimen especial nació para aplacar tensiones políticas. Fue blindado constitucionalmente en 1978, en parte para calmar aspiraciones independentistas en el País Vasco durante la Transición. Hoy cuenta con amplio apoyo en Euskadi (lo defienden incluso partidos nacionales allí), pero es muy controvertido fuera. Debido a su singularidad bilateral, no puede ser adoptado por otras comunidades salvo reforma constitucional, lo que alimenta la sensación de “ciudadanos de primera” (forales) versus “de segunda” (régimen común).
La “financiación singular” catalana: un cuasi concierto para Cataluña
El caso de Cataluña es diferente, pues actualmente forma parte del régimen común de financiación. Sin embargo, tras años de quejas sobre “déficit fiscal” e “infrafinanciación”, en 2023-2024 cobró fuerza un pacto bilateral para dotar a Cataluña de un modelo similar al vasco. En julio de 2024, el Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana (ERC) firmaron un acuerdo de investidura en la Generalitat cuya pieza central era una nueva financiación autonómica singular para Cataluña. Sus ejes: máxima autonomía fiscal para el Govern catalán, relaciones bilaterales con el Estado y una drástica reducción de la contribución catalana a la solidaridad interterritorial. En la práctica, Cataluña pasaría a recaudar y gestionar el 100 % de los impuestos generados en su territorio, sustituyendo a la Agencia Tributaria estatal por una Hacienda Catalana propia. A cambio, la Generalitat haría una “aportación catalana” al Estado, con dos componentes: financiar los servicios centrales y contribuir a la nivelación regional, pero esta última limitada por el principio de ordinalidad. El llamado principio de ordinalidad implica que, tras las transferencias, Cataluña no pierda posiciones relativas de riqueza; es decir, que siga ocupando el mismo puesto en renta per cápita entre las autonomías antes y después de la redistribución. Esto acota su aportación solidaria, garantizando que Cataluña no vea mermados sus recursos por debajo de lo que le correspondería por su economía. En esencia, estaríamos ante un “concierto catalán”, un régimen foral de facto para Cataluña.
Los impactos financieros serían enormes. Actualmente, Cataluña solo gestiona directamente alrededor del 9 % de sus impuestos, mientras el resto se reparte vía Estado. Con la reforma, gestionaría prácticamente el 100 %, reteniendo casi todo lo recaudado en su territorio. Según proyecciones de ERC y PSC, la Generalitat duplicaría sus ingresos disponibles: de unos 25.600 millones de euros anuales que manejaba en 2021 pasaría a casi 52.000 millones bajo el nuevo modelo. En otras palabras, “todo lo recaudado en Cataluña se quedaría en Cataluña”, evitando la tradicional salida de fondos hacia regiones menos prósperas. Para el resto de autonomías comunes, esto supondría perder una contribución clave. Solo Madrid, Cataluña y Baleares son actualmente aportadores netos al sistema común; eliminar la aportación catalana detraería unos 20.000 millones de euros de la bolsa que financia la nivelación entre territorios. Otras estimaciones elevan el impacto: la Consejería de Madrid habló de 24.800 millones menos para la caja común si se concreta el pacto bilateral catalán, mientras el Gobierno de La Rioja calculó que Cataluña saliendo del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) forzaría a ceder 15.000 millones de euros para una sola comunidad en detrimento de las demás. En cualquier caso, miles de millones de euros dejarían de redistribuirse hacia comunidades con menos recursos.
No es de extrañar que la mera perspectiva de este “cuponazo catalán” haya generado indignación en numerosas regiones. Varias autonomías acusan al Gobierno central de negociar “por la puerta de atrás” con Cataluña un privilegio que rompe la equidad y vulnera el consenso multilateral. “Es una barbaridad. Un pacto bilateral así va a detraer la equidad en España”, criticó Fátima Matute, consejera de la Comunidad de Madrid. Madrid calcula que aporta cerca del 70 % de la caja común de solidaridad y teme que sus ciudadanos vean disminuidos servicios públicos esenciales si se rompe el actual sistema. Otros gobiernos regionales hablan abiertamente de “chantaje político”. “Nos opondremos frontalmente a esta financiación singular fruto de un chantaje”, proclamó Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, alertando de un “perjuicio irreparable” que “quiebra el Estado de bienestar” y dejaría a su comunidad con 305 millones menos para sanidad, educación, etc. Capellán subraya que todas las autonomías “ya estamos infrafinanciadas” con el modelo vigente, y que alterarlo solo para una agrava la injusticia. En la misma línea, Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León y otras comunidades (en su mayoría gobernadas por el Partido Popular) anunciaron una “rebelión” institucional contra el pacto catalán, presentando mociones y abandonando foros en señal de protesta.
Incluso dentro de Madrid hubo reacciones encontradas: mientras el gobierno regional (PP) denuncia el acuerdo, la oposición socialista relativiza. Paca Sauquillo, presidenta del PSOE madrileño, afirmó que es “positivo” dialogar bilateralmente con regiones como Cataluña o País Vasco, recordando que “España es diversa” y llamando a no pensar “siempre que el otro va a sacar más”. De igual modo, el Gobierno central defiende que la futura financiación catalana no pretende privilegios sino corregir desequilibrios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a calificar el preacuerdo de “solidario”, negando que rompa la igualdad, y acusó al PP de hacer demagogia fiscal sin aportar su propia propuesta de reforma. Montero insiste en que todas las comunidades tienen singularidades (población envejecida, dispersión, insularidad, idiomas, etc.) y que “habrá que reconocer la singularidad catalana dentro de la reforma global” del sistema. En la práctica, esto sugiere que el Gobierno intentaría encajar el modelo catalán en una reforma más amplia aplicable al conjunto, aunque muchos analistas dudan de su viabilidad política.
Perjuicios para Madrid: solidaridad en riesgo y agravio comparativo
La Comunidad de Madrid, como región más próspera y uno de los principales contribuidores netos, siente que estos acuerdos la colocan en una situación delicada. Históricamente Madrid ya soporta un déficit fiscal muy elevado: aporta mucho más de lo que recibe del Estado. Según Hacienda, en 2021 Madrid contribuyó con un saldo neto de 5.177 millones de euros al resto de España, frente a solo 146 millones netos aportados por Cataluña (que prácticamente quedó equilibrada). De hecho, sumando los mecanismos del sistema de financiación autonómica, Madrid entregó unos 5.465 millones ese año, mientras Cataluña recibió 732 millones netos de dichos fondos. Esto refleja que Madrid es, con diferencia, la mayor aportante al fondo común que garantiza servicios públicos en todo el país. En cifras relativas, Madrid aportó en 2021 aproximadamente el 24,5 % de sus ingresos al fondo de garantía, frente al 8,8 % Cataluña y 11,5 % Baleares. Por tanto, si Cataluña reduce o elimina su contribución solidaria, Madrid tendría que cargar con un peso proporcionalmente aún mayor (o el Estado cubrir el hueco vía impuestos o deuda).
Otra preocupación es el efecto en los servicios e impuestos de los madrileños. Si la “caja común” mengua, podría haber menos recursos para financiar la nivelación en sanidad, educación, dependencia, etc. Madrid hoy no recibe prácticamente fondos de nivelación (por su alta renta), pero sí se beneficia indirectamente de un país cohesionado donde todas las regiones pueden sostener sus servicios básicos. La consejera Matute advirtió que romper la solidaridad “quebraría el Estado de bienestar” y “perjudicaría al ciudadano de a pie”, que acabaría viendo peores servicios sociales y sanitarios en toda España. En última instancia, si las regiones ricas retienen sus impuestos, es posible que el Estado para compensar deba recortar inversiones o aumentar la carga sobre los contribuyentes generales. De hecho, el Gobierno de Madrid calcula que la reciente condonación de deuda pactada con Cataluña “supondrá que cada madrileño tenga que asumir 500 euros más de deuda” pública. Esta afirmación alude al rescate de deuda autonómica aprobado en 2025: inicialmente negociado para Cataluña (unos 17.100 millones de quita de su deuda con el Estado, 22 % de su pasivo FLA), el Gobierno terminó extendiéndolo al conjunto de comunidades comunes con una condonación total de 83.252 millones (19-22 % de la deuda). Aunque Madrid también se beneficia de esta quita (8.644 millones), su gobierno la recurrió ante la Audiencia Nacional por “vulnerar el principio de igualdad”, alegando que premia a las regiones más endeudadas y castiga a las fiscalmente responsables. Para el ejecutivo madrileño, acuerdos así son “peajes intolerables a los partidos independentistas” que quiebran la igualdad entre regiones.
Desde el punto de vista técnico-económico, el principal perjuicio para Madrid es el desequilibrio fiscal estructural que se acentuaría. Madrid ya aporta más recursos de los que recibe –lo cual acepta como parte de la solidaridad nacional–, pero espera que todos las regiones de similar capacidad contribuyan también. Si unas se exceptúan (País Vasco, Navarra y posiblemente Cataluña), la carga recae desproporcionadamente sobre Madrid (y en menor medida Baleares). Esto podría ser visto como un agravio comparativo para los madrileños, que seguirían financiando solidariamente a otros territorios mientras catalanes, vascos o navarros retendrían más recursos para sí. Además, con menos aportaciones al fondo común, el esfuerzo fiscal per cápita necesario en Madrid para sostener al resto sería mayor. Vale recordar que Madrid, pese a tener impuestos regionales moderados (el gobierno autonómico ha bonificado patrimonio y reducido IRPF regional en tramos bajos), sigue siendo la que más recauda para el Estado dado su alto PIB. Esa “solidaridad de Madrid” la cuantificaba Hacienda en que Madrid, con el 14 % de la población, genera más del 24 % de la recaudación que nutre el sistema de financiación. Cualquier merma de contribuyentes netos (como Cataluña) amplifica la presión sobre Madrid como gran “donante”.
En términos de servicios públicos, si Madrid no recibe recursos adicionales (por su riqueza relativa, suele estar por debajo de la media en transferencias per cápita), depende mucho de su recaudación propia para financiar hospitales, colegios, transporte, etc. La Comunidad de Madrid argumenta que, pese a su esfuerzo, está infrafinanciada en ciertas áreas (por ejemplo, ha denunciado déficit en fondos de dependencia). De hecho, estudios de la AIReF y Fedea señalan a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía como las más infradotadas en el reparto actual, pero Madrid y Cataluña algunas veces han quedado ligeramente por debajo de la media nacional en recursos ajustados por habitante. Un modelo singular catalán podría implicar que Cataluña se situaría siempre muy por encima de la media en financiación efectiva (al retener más impuestos), mientras Madrid permanecería en valores medios o bajos, agrandando la brecha en capacidad de gasto por ciudadano entre dos regiones igualmente ricas. Esa desigualdad en recursos por habitante es justamente lo que el sistema común busca evitar; por tanto, para Madrid resulta contradictorio que se permita para Cataluña un estatus que consagre diferencias en la prestación de servicios.
Finalmente, cabe considerar posibles distorsiones económicas: Si Cataluña obtuviera ventaja fiscal (por ejemplo, pudiendo bajar impuestos gracias a quedarse con todos los ingresos), podría intentar atraer actividad económica en competencia con Madrid. Hasta ahora, Madrid ha sido polo de atracción de empresas (especialmente tras la inestabilidad política catalana de 2017, muchas sedes se trasladaron a la capital). Con un “concierto catalán”, Cataluña podría mejorar su atractivo financiero (teniendo su Hacienda propia, más autonomía para incentivos fiscales, etc.). El País Vasco ya aplica tipos de Impuesto de Sociedades algo diferenciados (históricamente ligeramente inferiores) para estimular inversión, algo que otras regiones no pueden decidir. Así, un esquema asimétrico puede inducir cierta competencia fiscal territorial, donde Madrid tendría limitaciones (por ejemplo, en IVA o IRPF estatal no puede moverse tanto) mientras Cataluña podría implementar políticas fiscales más agresivas sin perder fondos a la solidaridad. Esto genera preocupación en Madrid por posibles fugas de bases imponibles o inversiones a regiones con régimen privilegiado. No obstante, este efecto es aún especulativo y dependería de las decisiones que Cataluña tomase con su mayor autonomía fiscal.
¿Inversión del Estado o contribución neta? Datos de balanzas fiscales
Un aspecto central de la discusión es si regiones como País Vasco o Cataluña aportan más de lo que reciben, o al revés, y cómo se compara con Madrid. Los datos objetivos recientes confirman la situación de desequilibrio a favor de las forales. Como se mencionó, en 2014 País Vasco y Navarra fueron beneficiarias netas del gasto estatal pese a su renta alta. Cataluña y Madrid, en cambio, sufrieron déficits fiscales cuantiosos, siendo Madrid el mayor contribuyente neto absoluto.
En 2021, tras mucho debate político, el Ministerio de Hacienda divulgó por primera vez en años parte de las cifras de financiación territorializada. Aunque preliminares, esas tablas mostraron que Madrid aporta cinco veces más que Cataluña a las arcas públicas: 5.177 millones frente a 1.000-1.700 millones (según qué fondos se consideren), resultando Cataluña prácticamente equilibrada. Esto alimentó la polémica sobre la supuesta “infrafinanciación” catalana: a la luz de esos números, Cataluña no estaría recibiendo menos de lo que le corresponde en el sistema común, sino que su déficit fiscal proviene sobre todo de que es una región rica que paga muchos impuestos (lo mismo que Madrid, pero Madrid aún más). De hecho, estudios indican que más del 70 % del saldo fiscal negativo catalán se explica por su mayor renta (y por tanto mayor contribución impositiva según la progresividad), y solo en torno al 28 % por posibles desequilibrios en el gasto o inversión pública. Dicho de otro modo, Cataluña tiene déficit fiscal principalmente porque es más rica que la media, no tanto porque el Estado la maltrate en el reparto presupuestario.
En cuanto a la inversión estatal directa, Madrid tradicionalmente ha salido bien parada en algunas partidas (muchas sedes de ministerios, infraestructuras centrales, etc.), mientras Cataluña a menudo se ha quejado de recibir menos de lo prometido. Por ejemplo, el Estatut catalán fijaba que la inversión del Estado en Cataluña debía acercarse al peso relativo de la economía catalana (~19 % del PIB de España). Sin embargo, informes recientes mostraban que en 2024 Cataluña recibió alrededor del 10 % de la inversión territorializada en el primer semestre, frente al 15 % para Madrid (694 millones para Madrid vs 456 para Cataluña, un 52 % más a Madrid). Si bien a cierre de 2024 Transportes señaló que Cataluña acabó siendo la comunidad con más inversión ejecutada (1.228 millones, seguida de Andalucía con 1.022 y Madrid con 967), durante años ha habido un sentimiento en Cataluña de incumplimiento sistemático en materia de obras públicas (como la red de cercanías o la Sagrera en Barcelona).
Madrid, por su parte, ha recibido fuertes inversiones en infraestructuras nacionales (AVE radial, aeropuertos, organismos estatales) que contribuyen a su desarrollo. No obstante, en los últimos años el ritmo inversor estatal en Madrid también descendió en proporción, y comunidades como Cataluña han vuelto a ser priorizadas en ciertos presupuestos para atender sus reclamos. Por ejemplo, en 2024 el Estado incrementó un 27 % la inversión en Cataluña respecto al año anterior, mientras en Madrid bajó un 27 %. Ello situó la inversión ejecutada per cápita en ambos territorios en órdenes similares. En cualquier caso, la aportación neta de Madrid a las arcas públicas (vía impuestos que van al presupuesto común) supera con creces la inversión que el Estado le retorna directamente, lo que resulta coherente con su rol de economía tractora nacional. En Cataluña ocurre algo parecido (contribuye mucho y recibe menos), pero la diferencia es que el Gobierno central ha reconocido cierto déficit histórico de inversión allí que se está tratando de subsanar. Para el País Vasco y Navarra, al gestionar ellas mismas la mayoría de inversiones regionales con sus propios recursos, el Estado invierte menos directamente en esas comunidades; aun así, por el mecanismo del cupo acaban obteniendo un saldo favorable (ya que su aportación al Estado es pequeña en comparación con su capacidad fiscal). Como señalan muchos economistas, las forales no participan de forma efectiva en la solidaridad interterritorial y han evolucionado distinto a lo previsto, debiendo revisarse su contribución.
Resumiendo, Madrid es claramente contribuidor neto al Estado, mientras Cataluña también lo es pero en menor medida, e incluso en algún año reciente quedó casi neutra en el flujo de financiación. País Vasco y Navarra son receptoras netas en términos relativos, algo difícil de justificar dado su nivel de renta. Este panorama alimenta la idea en Madrid de que existen ciudadanos de primera (forales) y de segunda (resto) en el plano fiscal. Máxime si Cataluña lograra asimilarse al grupo privilegiado, quedando Madrid prácticamente como único gran donante neto junto con Baleares.
Hacia un modelo equitativo: medidas y reformas posibles
¿Qué medidas cabría tomar para que estos acuerdos singulares no perjudiquen a comunidades como Madrid ni a la cohesión del país? Expertos y organismos técnicos coinciden en que la reforma de la financiación autonómica es impostergable, pero debe abordarse con un enfoque multilateral, transparente y basado en datos, no mediante pactos bilaterales aislados. La última revisión integral del sistema común lleva años bloqueada (desde 2014 se considera “caducado”), en parte porque cada región tiene demandas contrapuestas. Sin embargo, impulsar un debate amplio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con informes independientes (AIReF, Fedea, etc.), sería el camino institucional correcto. Cualquier medida que afecte al reparto entre territorios debería ser consensuada por la mayoría, para asegurar que se respetan los principios de solidaridad y suficiencia en todo el Estado. Modificar el modelo “por la puerta de atrás” –como denuncian varias comunidades sobre el pacto catalán– mina la legitimidad del sistema.
En concreto, para no perjudicar a Madrid y otras regiones, podrían considerarse varias acciones:
- Mantener (o reforzar) los mecanismos de nivelación en cualquier nuevo modelo. Si se reconoce mayor autonomía fiscal a algunas comunidades, debe a la vez establecerse una fórmula de aportación a la solidaridad obligatoria, que garantice fondos suficientes para las regiones con menor capacidad. Esto podría implicar fijar una contribución mínima de las comunidades de alta renta a un fondo común, aunque gestionen sus tributos. Por ejemplo, asegurar que Cataluña siga aportando un porcentaje significativo a la nivelación aunque se aplique ordinalidad, evitando un vacío de 20.000 millones en el sistema.
- Aplicar el principio de ordinalidad de forma general y moderada. Una reivindicación catalana es que ninguna región pierda posiciones tras la redistribución. Incorporar cierto grado de ordinalidad en el sistema común podría aliviar quejas sin desmontar la solidaridad. Por ejemplo, Alemania y otras federaciones aplican ordinalidad parcial: los Länder ricos contribuyen pero asegurando que siguen siendo netamente los de mayor financiación per cápita tras la redistribución (solo se les reduce el exceso parcialmente, no totalmente). Un compromiso así podría implementarse para que Madrid y Cataluña mantuvieran un incentivo a generar ingresos sin sentirse “castigadas” por completo, mientras las pobres siguen recibiendo apoyos significativos.
- Revisar las aportaciones forales. Aunque políticamente complejo, muchos economistas proponen renegociar el cupo vasco-navarro para aumentar su contribución al esfuerzo común conforme a su riqueza. Por ejemplo, recalcular el índice del cupo (6,24 %) incluyendo de forma más equitativa los gastos estatales, o integrando a Euskadi y Navarra en algún mecanismo de solidaridad interregional. Si las forales aportaran más, otras comunidades (Madrid incluida) cargarían menos peso relativo. Esto requeriría voluntad del Gobierno central y acuerdo con el PNV y Nafarroa, probablemente a cambio de otras compensaciones, dado el carácter sensible de sus “fueros”.
- Compensaciones estatales directas. Si finalmente se aprueba algún régimen singular (como la quita de deuda del FLA u otro trato especial), una forma de que Madrid no salga perjudicada es que el Estado asuma el coste sin restarlo de otros capítulos autonómicos. Es decir, que la pérdida de aportación de Cataluña, por ejemplo, se compense con recursos del Presupuesto General del Estado, de modo que las demás comunidades no vean mermadas sus transferencias. Esto, sin embargo, implica que todos los contribuyentes españoles (incluidos los madrileños) pagan esa factura vía impuestos estatales o deuda nacional – de ahí la crítica de “la deuda nos la vamos a tragar entre todos”, incluso formulada por voces socialistas históricas. En efecto, el ex presidente Felipe González advirtió que la quita de deuda autonómica “nos la acabaremos comiendo entre todos”, reflejando que no hay almuerzo gratis: si no lo paga Cataluña, lo paga el conjunto del Estado. Por tanto, las compensaciones deben estudiarse con justicia intergeneracional y responsabilidad fiscal, para no simplemente trasladar la carga a las futuras generaciones o al déficit.
- Homogeneizar competencias y gasto. Otra medida de fondo es equiparar qué servicios presta cada nivel de gobierno. Parte de las quejas de Madrid y otros es que algunas comunidades gastan más (o tienen más empleados públicos) en ciertas áreas no esenciales, generando una necesidad de financiación mayor que luego achacan al sistema. Por ejemplo, se alude a que Cataluña tendría “más funcionarios de los necesarios y sueldos por encima de la media”, lo cual tensiona sus cuentas. Sin entrar en juicios, sería deseable fijar estándares comunes de eficiencia y contención del gasto autonómico, de modo que la financiación se reparta para cubrir servicios equivalentes con similar esfuerzo. La AIReF ha propuesto evaluar el coste efectivo de los servicios en cada comunidad para ajustar mejor las necesidades reales de financiación. Madrid, que presume de gestión austera, vería con buenos ojos que no se premie la “irresponsabilidad fiscal” de quien gasta mucho más de lo que ingresa. En la misma línea, incentivar a las comunidades que ejercen su capacidad normativa con prudencia (no disparando deuda ni bajando impuestos temerariamente) podría formar parte del nuevo modelo – algo que de hecho Hacienda hizo al asignar un poco más de quita de deuda a regiones que no habían recortado impuestos propios entre 2010 y 2022.
- Debate público informado. Por último, una medida intangible pero crucial es fomentar un debate divulgativo y objetivo sobre financiación autonómica en la sociedad. Como apuntan fundaciones y centros de estudio, las decisiones al respecto deberían alinearse con las “preferencias mayoritarias de los españoles sobre el modelo de Estado”, lo que exige un debate amplio y bien informado de sus efectos. Si la ciudadanía comprende los números (quién paga, quién recibe, por qué), será más fácil alcanzar soluciones justas. Lamentablemente, la publicación de balanzas fiscales fue suspendida en 2018 por considerarse politizada, y solo ha vuelto tímidamente por exigencias puntuales. Retomar una estadística oficial periódica de cuentas regionales, con metodología consensuada, ayudaría a desactivar mitos y enfoques victimistas, facilitando reformas basadas en datos compartidos.
La solución que pasa por un proyecto común
La financiación autonómica es un pilar de la cohesión española. Acuerdos unilaterales que alteran ese delicado equilibrio –como el concierto vasco-navarro o la eventual financiación singular catalana– tienen repercusiones directas e indirectas en regiones como Madrid. La Comunidad de Madrid, mayor contribuyente neto, percibe estos tratos diferenciados como perjudiciales tanto por la pérdida de recursos solidarios disponibles como por la quiebra del principio de igualdad entre ciudadanos. Los datos respaldan parte de esas inquietudes: las regiones forales efectivamente pagan menos de lo esperable en el esfuerzo común, y si Cataluña se suma a ese estatus, miles de millones podrían dejar de redistribuirse. Para los madrileños, ello podría traducirse en mayor carga fiscal implícita, menos inversiones estatales compensatorias o un país más desigual en servicios – en suma, la sensación de ser tratados como “ciudadanos de segunda” pese a aportar de primera.
No obstante, también es cierto que España es diversa y que un modelo de financiación uniformemente centralista difícilmente satisfaría a todos. Encontrar el punto medio entre autonomía financiera y solidaridad es el gran reto. Cualquier reforma debe evitar extremos: ni privilegios bilaterales que siembren agravios, ni recentralizaciones que desconozcan las peculiaridades regionales. En este sentido, la solución pasa por el consenso multilateral: todos los territorios en la mesa negociando un nuevo pacto de financiación, transparente, objetivo y justo. Solo así se podrá garantizar que madrileños, catalanes, vascos y el resto de españoles se sientan tratados en pie de igualdad – sin comunidades de primera ni de segunda – dentro de un proyecto común de país donde la solidaridad no esté reñida con la autonomía.
