La tensión política en torno a la financiación autonómica se ha colado de lleno en la Asamblea General de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid. Durante la clausura celebrada este martes, Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña, ha cargado duramente contra el pacto anunciado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para establecer un sistema de financiación “singular” para la comunidad catalana.
“Es inmoral e indecente”, ha sentenciado Garrido, quien ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «pactar con unos pocos para mantenerse en Moncloa», en alusión a los acuerdos que el PSOE ha sellado con partidos independentistas catalanes para garantizar la estabilidad parlamentaria. «Se firma para enterrar los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, mientras se perjudica al resto de españoles», ha añadido.
Críticas a la «financiación a la carta»
El dirigente empresarial ha sostenido que cualquier reforma de la financiación autonómica debe negociarse de forma multilateral, con participación del conjunto de comunidades autónomas, y no al dictado de intereses partidistas. “La financiación de las comunidades autónomas no puede negociarse unilateralmente. Afecta a los recursos destinados a los servicios públicos para todos los ciudadanos”, ha remarcado.
Para Garrido, el acuerdo con Cataluña «certifica una nueva desigualdad entre españoles, privilegiando a catalanes y perjudicando al resto», salvo a territorios como País Vasco y Navarra que ya cuentan con sistemas fiscales propios mediante el Concierto y el Convenio Económico, respectivamente.
El pacto con la Generalitat, cuyos detalles aún no se han publicado íntegramente, ha reavivado el debate sobre el llamado “cupo catalán” y ha generado críticas también entre otros barones autonómicos del PSOE y del PP, que exigen que cualquier revisión del sistema incluya a todas las comunidades y no se base en privilegios unilaterales.
Cataluña, alta presión fiscal frente al modelo madrileño
Garrido ha contrapuesto el escenario catalán al de Madrid, al reprochar que “Cataluña se empeña en continuar castigando a sus ciudadanos y empresas con la presión fiscal más alta de España, empobreciéndolos y alimentando una casta política centrada más en cuestiones identitarias que en el bienestar de sus ciudadanos”.
En el lado opuesto, ha defendido las políticas económicas “valientes” de la Comunidad de Madrid, caracterizadas —ha dicho— por una bajada progresiva de impuestos, la simplificación administrativa y la colaboración público-privada. “En Madrid sí escuchan a los empresarios”, ha subrayado, agradeciendo expresamente la presencia en la asamblea de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Empresas, “ignoradas” por el Gobierno central
Más allá del debate territorial, el presidente de CEIM ha aprovechado su intervención para criticar la actitud “pasiva” del Ejecutivo central hacia el tejido productivo. Según Garrido, el Gobierno “da la espalda a las empresas, poniendo en riesgo el empleo y la economía española” mediante un incremento de la presión fiscal, trabas regulatorias y nuevos mecanismos como la cuota de solidaridad.
“Cuantos más impuestos pagamos, peores servicios públicos tenemos”, ha denunciado, lamentando situaciones como “el bochornoso estado de las infraestructuras ferroviarias, el apagón eléctrico que sufrimos o la imagen de nuestros aeropuertos, que tanto afecta al turismo”.
Madrid se reivindica como motor económico
Frente a esas críticas, Garrido ha reivindicado el papel de Madrid como motor de la economía nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid lideró el crecimiento económico en 2024, con un aumento del PIB del 3,2 % frente al 2,4 % de la media nacional, y atrajo el 64 % de la inversión extranjera recibida en España.
“Madrid ha sabido aprovechar las oportunidades, captar inversión y talento, y se ha convertido en referente gracias a una política económica liberal y a un marco jurídico estable”, ha destacado Garrido.
La Asamblea General de CEIM se ha celebrado en un contexto marcado por la incertidumbre política y las tensiones territoriales, con la financiación autonómica como eje de la controversia. Los empresarios madrileños se mantienen firmes en su exigencia de estabilidad y reglas claras para la competitividad económica del conjunto de España.
