La activación de la aplicación provisional se produce después de que Argentina y Uruguay completaran sus procesos de ratificación nacional. Úrsula von der Leyen calificó este avance como una "excelente noticia" y recordó que el Consejo Europeo ya había autorizado en enero a la Comisión para proceder con la aplicación en cuanto se produjera la primera ratificación por parte de un país miembro del bloque hispanoamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
No obstante, la presidenta de la Comisión recalcó que "el Acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación". Mientras tanto, la Comisión mantendrá la colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas para asegurar que el proceso sea transparente. Según Von der Leyen, este tratado es uno de los "más relevantes de la primera mitad de este siglo" y refuerza la unión entre socios que comparten una visión de apertura y colaboración.
Liderazgo y garantías de España en el proceso
Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han recordado el "papel fundamental" que ha desempeñado España a lo largo de las dos décadas de negociación y aprobación del tratado. El Gobierno español ha defendido en todo momento la "importancia estratégica" del acuerdo, asegurándose simultáneamente de que el texto "contemple garantías para la protección de los sectores sensibles".
Para el Ministerio de Economía, este acuerdo supone la creación de la mayor área de libre comercio del planeta, con un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores. La administración española ve en este pacto una fuente de oportunidades para productores y empresas, consolidando un espacio económico de gran escala.
Autonomía estratégica y competitividad europea
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, valoró el anuncio subrayando la necesidad de que Europa mantenga su relevancia en el escenario global actual. Según apuntó el titular de la cartera, "en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás", calificando el acuerdo como "un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente".
Desde Bruselas se insiste en que el pacto con Mercosur no solo es una herramienta comercial, sino un compromiso político entre socios que defienden el multilateralismo. La entrada en vigor provisional permite que los beneficios comerciales comiencen a materializarse mientras se completa el trámite parlamentario definitivo que otorgará al acuerdo su validez plena y permanente.
Críticas de los agricultores españoles
Pese al optimismo institucional, el acuerdo UE-Mercosur afronta una férrea oposición en España, especialmente desde el sector agrario, que denuncia una "competencia desleal" frente a productos importados con estándares sanitarios y ambientales menos rigurosos. Organizaciones como COAG o ASAJA han advertido históricamente que el pacto es una "sentencia de muerte" para la ganadería y ciertos cultivos mediterráneos, al permitir la entrada masiva de carne y azúcar a aranceles reducidos.
Hace apenas una semana, miles de agricultores y ganaderos se juntaron con sus tractores en Madrid y en otras muchas ciudades españolas para manifestar su rechazo ante el acuerdo Mercosur con la Unión Europea.
Críticas por su impacto medioambiental
En la misma línea, colectivos ecologistas y sindicatos critican que el tratado antepone los intereses comerciales a la sostenibilidad, por su potencial impacto en la deforestación del Amazonas y la falta de cláusulas vinculantes en materia de derechos laborales.
Críticas de los partidos políticos en defensa del campo español
Sumar y Podemos coinciden en una crítica centrada en el impacto ecológico y social del tratado al que consideran un modelo de globalización depredadora que antepone el beneficio comercial a la protección del planeta y a los derechos humanos denunciando que el texto carece de mecanismos sancionadores efectivos para frenar la deforestación del Amazonas o el uso de pesticidas prohibidos en la Unión Europea.
Según sus portavoces la aplicación de este acuerdo es incompatible con los compromisos del Pacto Verde Europeo y con la lucha contra el cambio climático, ya que fomenta un comercio transoceánico de gran huella de carbono mientras precariza las condiciones laborales a ambos lados del Atlántico favoreciendo únicamente a los grandes fondos de inversión y a la industria extractivista en perjuicio de la agricultura familiar y la sostenibilidad ambiental.
Los partidos nacionalistas como el BNG o ERC denuncian que se sacrifica al sector primario gallego o catalán para beneficiar los intereses de las grandes corporaciones industriales del centro de Europa.
El Frente Obrero ha manifestado un rechazo absoluto al acuerdo con Mercosur al que define como un ataque frontal a la soberanía nacional y a los trabajadores españoles denunciando que este tratado solo beneficia a las grandes élites financieras y a las multinacionales, mientras condena a la quiebra al sector primario y a los pequeños productores que no pueden competir con los precios de las importaciones sudamericanas producidas en condiciones de precariedad.
Según la formación de Roberto Vaquero este pacto es una muestra más de la supeditación de los intereses de España a los dictámenes de la Unión Europea que, a su juicio, utiliza el campo español como moneda de cambio para favorecer las exportaciones industriales de otros países europeos, profundizando así en la desindustrialización y en la dependencia exterior de España
Vox mantiene una posición de rechazo total al acuerdo con Mercosur al que califica como una traición al mundo rural español y una sumisión a las agendas globalistas de Bruselas que destruyen la soberanía alimentaria nacional, denunciando que el tratado impone una competencia desleal al permitir la entrada de productos que no cumplen las estrictas normativas fitosanitarias impuestas a los agricultores españoles.
Según el partido de Santiago Abascal este pacto utiliza al sector primario como moneda de cambio para beneficiar a las grandes multinacionales alemanas y a las élites financieras de la Unión Europea lo que, a su juicio, supondrá la ruina definitiva de miles de explotaciones agrarias y ganaderas que no podrán sobrevivir ante la inundación de productos extranjeros producidos a bajo coste y sin las cargas burocráticas que asfixian al productor nacional.
Choque de puntos de vista
Esta resistencia es la evidencia del conflicto entre un enfoque proteccionista de la economía con uno liberal, en el que se prefiere la libertad de comercio a cualquier restricción gubernamental. Quienes defienden la primera opción no entienden cómo es posible que los dirigentes europeos decidan permitir la entrada de productos extranjeros a costa de sus consecuencias previsibles en los agricultores y ganaderos españoles, mientras que los segundos consideran que se debe dejar libertad a la "oferta y demanda" y que sea el consumidor quien decida qué comprar.
Lo que está claro es que, si va a salir adelante, al menos debería tener unas condiciones que garanticen que los productos que vienen de Hispanoamérica cumplan con estándares de sanidad y seguridad. No tiene sentido exigir a nuestro sector primario unos "mínimos", con tanta burocracia, mientras se fomenta que otros comerciantes desarrollen su actividad sin ningún límite. Es lo que algunos llaman "competencia desleal" y que resulta una injusticia para el campo español.
