Las entidades vecinales que impulsan la reivindicación por el uso social de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel han solicitado una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para exigir que las viviendas proyectadas en la zona sean de gestión pública directa y en régimen de alquiler asequible.
El pasado 20 de enero, el Gobierno Central anunció la cesión de las parcelas residenciales de la antigua cárcel a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Para los colectivos vecinales, esta medida es positiva porque evita la especulación inmobiliaria que la empresa SIEPSE, adscrita al Ministerio del Interior, pretendía llevar a cabo con la venta de dichas parcelas.
Sin embargo, las asociaciones advierten que esta cesión no es suficiente y exigen que la totalidad de las viviendas sean de gestión pública directa, con un alquiler que no supere el 20% de los ingresos familiares.
Falta de respuesta del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior
La solicitud de reunión con la ministra se suma a las gestiones realizadas en noviembre de 2024 por la Coordinadora Vecinal por el Uso Social de los Terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel-Salvemos Eugenia de Montijo. En ese momento, solicitaron entrevistas con las tres administraciones con competencias en la zona, pero tres meses después, siguen sin obtener respuestas satisfactorias:
- El Ministro del Interior y el alcalde de Madrid no han respondido a la petición. En el caso del alcalde, los vecinos critican su falta de coherencia, ya que en septiembre se mostró dispuesto a reunirse con ellos, pero tras la solicitud formal, no ha dado respuesta.
- La presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó la reunión, argumentando que su "apretada agenda institucional" se lo impide.
Nueva movilización vecinal
Ante la falta de avances, los colectivos han intensificado su lucha y convocaron un acto masivo el pasado 1 de febrero para reivindicar la necesidad de una gestión pública y social de los terrenos. Ahora, esperan que la ministra de Vivienda atienda su solicitud y se comprometa a garantizar que estos terrenos sean destinados a viviendas realmente accesibles para la población de los distritos de Latina y Carabanchel.
Los vecinos advierten que no cesarán en su lucha hasta conseguir que los terrenos de la antigua cárcel se conviertan en un referente de vivienda pública asequible y no en una oportunidad para la especulación inmobiliaria.
