El debate sobre el futuro del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Inmigrantes (CAED) en Alcalá de Henares ha escalado este fin de semana hasta convertirse en un nuevo foco de tensión política. La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Orlena de Miguel, ha acusado con contundencia a PSOE y Más Madrid de "instrumentalizar" las protestas vecinales y de "intentar igualarlas" con los disturbios ocurridos en Torre Pacheco (Murcia), todo ello —según denunció— con el objetivo de "ocultar su traición a los vecinos" y su respaldo a la continuidad del centro.
"Lo que ocurrió ayer no tiene nada que ver con Torre Pacheco. Aquí no hubo violencia ni extremismo, sino una manifestación pacífica y democrática, respaldada institucionalmente por el Pleno del Ayuntamiento", aseguró De Miguel, quien también ostenta la Concejalía de Seguridad en el consistorio. "Frente a quienes criminalizan toda discrepancia y etiquetan de ultra a quien critique al Gobierno, la ciudadanía ha respondido con civismo y claridad: quieren el cierre del CAED", añadió.
La polémica en torno al CAED y la gestión de la inmigración
El CAED, ubicado en el entorno del campus universitario de Alcalá, ha generado una creciente inquietud entre asociaciones vecinales y plataformas cívicas que denuncian la "imposición" del centro sin diálogo previo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el PP local sostienen que la llegada de personas en situación irregular ha generado "problemas de convivencia" en algunas zonas de la ciudad y exigen al Ejecutivo central "una política migratoria responsable, con recursos y consenso institucional".
Según De Miguel, el alcalde socialista Javier Rodríguez Palacios "ha optado por alinearse con el sanchismo, en lugar de defender los intereses de los alcalaínos". En el último Pleno municipal, el grupo socialista y Más Madrid votaron en contra de una moción presentada por el PP para exigir el cierre del centro, lo que ha motivado la acusación de los populares de que "la izquierda ha abandonado a la ciudad para no molestar a su partido".
El PSOE y Más Madrid defienden el CAED como un recurso humanitario
Desde la oposición, tanto el PSOE como Más Madrid han defendido la continuidad del CAED como "una herramienta necesaria para gestionar una realidad migratoria que no puede ser ignorada ni criminalizada". El portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, denunció en declaraciones recientes que "el PP está utilizando un asunto tan sensible como la inmigración para fomentar el rechazo y el miedo".
Más Madrid, por su parte, recordó que "la gestión migratoria es una competencia estatal y debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos, no desde el populismo ni el oportunismo político". La portavoz Rosa Romero advirtió además del riesgo de que "Alcalá se convierta en un laboratorio de crispación alentado desde fuera".
Un conflicto que trasciende lo local
El enfrentamiento político en torno al CAED ha adquirido dimensión nacional, coincidiendo con otras controversias similares en municipios donde se han habilitado centros de acogida de emergencia. A ello se suma el creciente protagonismo de este asunto en el discurso político del PP, que ha convertido la inmigración irregular en uno de los ejes de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
De Miguel fue especialmente crítica al referirse al presidente: "Sánchez y sus socios ya ni siquiera disimulan su deriva autoritaria. Imponen centros sin planificación ni recursos, dinamitando la convivencia. Eso no es solidaridad, es negligencia institucional".
La concejala concluyó con un mensaje directo: "La mayoría democrática de Alcalá de Henares ha hablado alto y claro en el Pleno. No queremos más imposiciones ni propaganda. Queremos soluciones, respeto y seguridad para nuestros barrios".
¿Qué es el CAED de Alcalá?
El Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) fue habilitado en 2023 como parte de la red nacional de recursos del Ministerio de Inclusión para dar respuesta a situaciones puntuales de llegada masiva de personas migrantes. Su funcionamiento, según fuentes ministeriales, incluye atención básica, acompañamiento social y traslado posterior a recursos estables. En Alcalá, su apertura fue comunicada al consistorio, pero desde entonces ha sido motivo de divisiones políticas y malestar ciudadano.
