Polémica por el uso privado del chalet de Rascafría: el PSOE pide formalmente visitarlo

La portavoz socialista Mar Espinar exige transparencia sobre el uso de un inmueble público valorado en 4,3 millones de euros.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar - Foto Servimedia
photo_camera La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar - Foto Servimedia

La polémica en torno al chalet adquirido por la Comunidad de Madrid en Rascafría, conocido como la Estación Biológica El Paular, ha escalado esta semana después de que la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitara oficialmente visitar las instalaciones tras conocerse que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su familia habrían iniciado allí sus vacaciones.

La socialista ha dirigido una carta formal al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, para reclamar que se le permita acceder tanto al chalet como al resto de dependencias públicas del recinto, cuya compra supuso una inversión de 4,3 millones de euros de dinero público.

“Queremos conocer ese casoplón, como a ella le gusta decir”, declaró Espinar en referencia a las declaraciones pasadas de la propia Ayuso. “Son instalaciones por las que los madrileños hemos pagado, y no se puede permitir su uso opaco con fines particulares”.

Espinar critica duramente lo que califica como una "escapada de tapadillo" protagonizada por la presidenta y su pareja, Alberto González Amador.

“Si González Amador ya es parte de la familia Ayuso, debe aclararse si existe conflicto de intereses entre su actividad empresarial y los contratos públicos de la Comunidad”, subrayó la portavoz socialista.

Desde el PSOE-M se exige que se fije “fecha y hora” para cursar una visita “a la mayor brevedad posible”, asegurando que la ciudadanía madrileña “tiene derecho a saber cómo se usan los recursos de todos”.

El chalé en cuestión fue adquirido por el Gobierno regional en 2023 y está adscrito a la Consejería de Medio Ambiente como parte del complejo natural de Rascafría. Según fuentes oficiales, su uso está contemplado dentro del ámbito de conservación ambiental y actividades educativas. Sin embargo, la reciente estancia privada de Ayuso ha reavivado las acusaciones sobre un posible uso indebido del patrimonio público con fines personales.