Una concentración ciudadana ha tenido lugar este jueves frente a la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, la protesta ha reunido a decenas de personas que exigen el realojo inmediato de más de 30 familias de la Colonia San Carlos, en Villaverde, ante el riesgo inminente de desahucio.
Según los convocantes, estas familias —muchas con menores a su cargo y en situación de exclusión social— llevan décadas viviendo en viviendas de promoción pública construidas en los años 40. Denuncian que el Ayuntamiento, a través de la EMVS, ha dejado de cobrar el alquiler que venían abonando regularmente, lo que consideran una estrategia deliberada para forzar su salida y proceder a los desalojos.
Críticas a la gestión municipal
La PAH de Leganés ha calificado esta maniobra como un intento de “expulsar por la puerta de atrás” a familias que “han cumplido durante años con sus obligaciones”. Aseguran que la EMVS actúa como un fondo de inversión, “anteponiendo el interés económico al interés social”, y exigen alquileres justos que no superen el 30 % de los ingresos familiares, incluidos suministros.
La protesta ha contado con el respaldo de representantes de la oposición municipal. La concejala de Más Madrid, Lucía Lois, ha señalado que las familias “llevan viviendo décadas en viviendas humildes y públicas”, y ha denunciado su abandono por parte del Consistorio. Lois ha acusado al gobierno municipal de emplear la amenaza de desahucio como “única herramienta de política de vivienda”.
Desde el PSOE, el edil Pedro Barrero ha criticado que la EMVS, que “tiene un fin social en sus estatutos”, actúe ahora “como si fuera una promotora privada” y ha exigido la paralización inmediata de todos los desahucios, además de una negociación caso por caso con las familias afectadas.
El Ayuntamiento defiende su actuación
Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha defendido la posición de la EMVS asegurando que “la ley debe cumplirse” y que se han detectado situaciones de irregularidad, como contratos a nombre de personas fallecidas o ocupaciones sin título legal. Sanz ha insistido en que el proceso busca “regularizar” la situación habitacional de la colonia y que “quienes no estén de manera legal tendrán que abandonar las viviendas”.
Asimismo, Sanz ha subrayado que el Ayuntamiento tiene el deber de respetar a quienes acceden legalmente a la vivienda pública, y que los recursos deben gestionarse con criterios objetivos de legalidad.
Un conflicto que pone en cuestión el modelo de vivienda pública
Este nuevo conflicto en Villaverde vuelve a poner sobre la mesa el modelo de gestión de la vivienda pública en Madrid, y las tensiones entre derechos sociales y legalidad administrativa. Para las asociaciones vecinales y de defensa del derecho a la vivienda, el caso de la Colonia San Carlos es un símbolo de la falta de alternativas habitacionales para las familias vulnerables, en un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de la capital.
Mientras tanto, la oposición exige mayor sensibilidad social y una política de realojos dignos, y el Ayuntamiento insiste en la necesidad de mantener el control legal de su parque de vivienda pública. El conflicto permanece abierto, con más de 30 familias en el limbo legal y social, a la espera de una solución que evite su desalojo.
