La huelga indefinida en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) entra en su segunda semana, consolidándose como una de las movilizaciones más relevantes del ámbito público en los últimos años. Convocada desde el pasado 10 de marzo por los directivos y pre-directivos territoriales del INSS, la protesta mantiene un seguimiento superior al 90 % en comunidades como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias y Murcia.
El origen del conflicto, aseguran desde la organización de la huelga, está en la inacción del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, ante el “caos absoluto” que vive el organismo encargado de gestionar las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones sociales clave.
Retrasos estructurales y expedientes bloqueados
La situación que denuncian los huelguistas es de colapso estructural, con retrasos superiores a dos años en la resolución de expedientes, una plantilla envejecida y sobrecargada, y la incorporación de nuevas responsabilidades sin los recursos necesarios.
Entre los principales datos que ilustran el colapso se encuentran:
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42.000 expedientes de revisiones de pensiones pendientes, principalmente por agravamiento de enfermedades o cambios en la situación laboral.
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37.000 reclamaciones previas sin resolver.
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18.000 solicitudes de información sobre futuras pensiones acumuladas desde 2021.
Parálisis en los tribunales médicos
Una de las consecuencias más visibles de la huelga ha sido la paralización de los Tribunales Médicos o Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), donde muchos de los huelguistas ejercen funciones directivas.
La falta de actividad en estos equipos ha contribuido al descontrol del sistema de incapacidades laborales, que se refleja en cifras alarmantes:
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Más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes.
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133.000 trabajadores con bajas médicas de más de 365 días, un 80 % más que en 2023.
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45.000 casos con bajas superiores a 45 días, plazo máximo legal, y 7.500 que superan los 730 días sin resolución.
El colapso del Ingreso Mínimo Vital
El IMV, creado en 2021, ha supuesto un desafío organizativo que, lejos de estar resuelto, ha agravado el funcionamiento del INSS. El volumen de expedientes, sumado a la falta de formación, medios humanos y técnicos, ha saturado completamente las unidades de gestión.
Actualmente hay:
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Más de 100.000 solicitudes del IMV pendientes.
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80.000 reclamaciones previas sin respuesta.
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60.000 revisiones y expedientes de deuda sin tramitar.
La atención ciudadana en oficinas se ha visto igualmente comprometida, con esperas de cita que superan varias semanas y un clima creciente de tensión y conflictividad, tanto para el personal como para los usuarios.
El silencio del Ministerio
Pese a la gravedad de la situación, los convocantes denuncian que el Ministerio sigue “mirando hacia otro lado”. Hasta el momento, no se han producido reuniones significativas ni propuestas de solución que frenen el deterioro del servicio ni pongan fin a una huelga que ya empieza a repercutir en familias vulnerables, pensionistas y trabajadores en situación crítica.
Los responsables del paro mantienen, no obstante, “la mano tendida al diálogo”, pero reiteran que no cesarán los paros hasta obtener compromisos firmes que garanticen la recuperación de la normalidad, la calidad en la atención y la sostenibilidad del sistema.
El tiempo apremia. Y con cada semana de huelga, los expedientes siguen acumulándose, mientras miles de ciudadanos esperan respuestas que no llegan.
