La defensa de Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado 'caso mascarillas' que delimite temporalmente la investigación judicial que se sigue contra ellos por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales durante la pandemia. El escrito, presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, alude a la necesidad de restringir el análisis a los ejercicios fiscales con conexión directa con los hechos presuntamente delictivos.
La solicitud, firmada por la abogada de los tres investigados, alega que los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacen referencia a “actividades económicas y mercantiles correspondientes a ejercicios muy diversos”, lo que, según la defensa, impide un análisis riguroso y centrado en los hechos realmente relevantes para la causa.
Derecho de defensa y seguridad jurídica
La defensa argumenta que establecer una delimitación clara del periodo temporal investigado resulta esencial para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y la seguridad jurídica de los procesados. En este sentido, se insta al magistrado Ismael Moreno a acotar el ámbito fiscal sobre el que se centra la instrucción, restringiéndolo a aquellos ejercicios que la UCO haya vinculado expresamente con los posibles ilícitos penales objeto de esta causa.
Los abogados consideran “imperativo” identificar con precisión los años en los que la supuesta red operó de forma ilícita, ya que la actual dispersión temporal en los informes policiales dificulta la preparación de una estrategia de defensa coherente.
Trama de comisiones y pagos encubiertos
El juez Moreno mantiene imputados a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos, por su presunta participación en una trama organizada de cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos para la adquisición de material sanitario en plena emergencia por la COVID-19. La causa incluye también a su hermano Joseba y a su exmujer Patricia Uriz, ambos señalados como colaboradores en las operaciones económicas y en la ocultación del origen de los fondos.
Según la investigación, Koldo habría actuado como mediador, facilitando adjudicaciones de contratos públicos por más de 50 millones de euros a empresas seleccionadas a cambio de comisiones ilícitas. Parte de estos pagos se habrían canalizado a través de terceros y familiares para evitar su trazabilidad, según recoge la UCO en sus informes.
Joseba García está bajo sospecha por su papel en la recepción y traslado de dinero en efectivo, incluyendo viajes al extranjero para mover fondos. Por su parte, Patricia Uriz habría experimentado un incremento patrimonial no justificado durante los años analizados, además de haber sido contratada en empresas vinculadas a la trama, presuntamente como parte de favores gestionados por su exmarido.
Una estructura organizada bajo sospecha
Los informes de la UCO describen la existencia de una estructura criminal organizada para el reparto de comisiones, la ocultación del dinero y el uso de testaferros y familiares como pantallas. Los tres investigados ya han comparecido ante el juez, aunque en su primera citación se acogieron a su derecho a no declarar.
En este contexto, la defensa insiste en que es necesario delimitar el alcance temporal de las investigaciones para evitar que se incurra en una causa general contra los investigados y se garantice el respeto a sus derechos procesales. El juez Moreno deberá ahora valorar si da curso a esta solicitud de acotación, en una causa que sigue avanzando y que mantiene en el foco a una de las tramas más relevantes vinculadas a la gestión de la pandemia.
