El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha advertido este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un “chantaje constante” por parte de sus socios independentistas, una presión que, según vaticina, aumentará en intensidad conforme el Ejecutivo se debilite políticamente.
La reacción del dirigente empresarial se produce tras las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, quien ha anunciado que su formación exigirá en el Congreso que la Generalitat de Cataluña asuma la gestión del IRPF, así como “todos los impuestos” en un futuro. Esta propuesta se debatirá el próximo lunes en una reunión entre el Gobierno central y la Generalitat, donde se abordará el posible traspaso de competencias tributarias, una iniciativa que ha provocado un aluvión de críticas tanto en la oposición como dentro del propio PSOE.
“Mientras más débil esté el Gobierno, más subirá la intensidad del chantaje”, escribió Amor en un mensaje publicado en sus redes sociales, dejando entrever que la dependencia parlamentaria del Ejecutivo respecto a fuerzas como ERC o Junts condicionará el rumbo político y económico del país hasta el final de la legislatura.
El líder de ATA no ha sido el único en pronunciarse. Técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha han expresado su recelo ante la propuesta de ceder el IRPF a Cataluña, alertando de los efectos negativos que una medida de este tipo podría tener sobre la cohesión fiscal del Estado. La medida también ha sido criticada con firmeza por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien desde dentro del PSOE ha cuestionado la idea por su potencial para generar desigualdades entre territorios.
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado calmar las aguas afirmando que “no habrá privilegios fiscales entre comunidades” y que se garantizará el principio de igualdad territorial. No obstante, las palabras de Montero no han conseguido frenar el creciente malestar entre colectivos empresariales, partidos de la oposición y voces internas del propio PSOE.
En este contexto, Amor ha insistido en que el país necesita estabilidad institucional y económica, advirtiendo que las cesiones a las fuerzas nacionalistas pueden “dañar gravemente la unidad fiscal y la confianza de los contribuyentes”, en un momento especialmente sensible por el aumento de la presión fiscal y el descontento social creciente.
El debate sobre el modelo de financiación autonómica, lejos de apagarse, se reaviva con fuerza ante los próximos movimientos del Ejecutivo, que, en palabras de Amor, deberá elegir entre ceder a las presiones independentistas o mantener la igualdad fiscal entre los ciudadanos españoles, vivan donde vivan.
