La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sido nuevamente condenada por la Justicia por un despido improcedente tras la denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que representa a los trabajadores de las administraciones públicas. La sentencia reconoce que el cese de un profesor visitante fue injustificado, tras haber encadenado seis contratos y prórrogas entre 2019 y 2024, lo que supone una contratación en fraude de ley.
El fallo del Juzgado de lo Social de Móstoles tumba la defensa de la Universidad, que argumentaba que se trataba simplemente de la finalización de un contrato, y establece que la extinción carecía de una justificación válida, por lo que debe considerarse como despido improcedente. Esta resolución se suma a otras similares en las que la Justicia ha dado la razón a los servicios jurídicos de CSIF Madrid, denunciando una práctica laboral irregular que afecta a cerca de 300 profesores visitantes.
Contratos abusivos y salarios por debajo del convenio
Además del reconocimiento del despido improcedente, la sentencia también obliga a la Universidad a pagar la diferencia salarial correspondiente al último año de contrato del demandante, tras comprobarse que la remuneración fue inferior a la estipulada en el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
El artículo 11.5 de dicho convenio establece que el contrato de profesor visitante tiene una duración máxima de un año, ampliable a dos únicamente en supuestos razonados y con audiencia previa de los representantes de los trabajadores, requisitos que no se cumplieron en este caso.
Un patrón repetido y condenado por los tribunales
Según recuerda CSIF, no es la primera vez que los tribunales condenan a la URJC por estas prácticas, como ocurrió en casos anteriores donde también se reconoció la contratación fraudulenta y la vulneración de derechos laborales de profesores visitantes. “El despido de los visitantes fue un error, y ahora toda la comunidad universitaria va a pagar los platos rotos”, afirma el sindicato.
Desde CSIF Madrid exigen responsabilidades y una revisión profunda de las políticas de contratación de personal docente en la universidad, además de advertir que seguirán defendiendo los derechos de los trabajadores y denunciando cualquier práctica irregular ante los tribunales.