La Comunidad de Madrid presentará una querella contra el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, por sus declaraciones en las que aseguró que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, debería “estar en prisión” por una supuesta “gestión homicida” de los pacientes de COVID-19 en las residencias durante la pandemia.
El anuncio de la acción judicial llega después de que Fernández no acudiera este lunes al acto de conciliación fijado como paso previo a la vía judicial, ni ofreciera una retractación pública de sus palabras, tal y como sí hicieron en su día otras figuras políticas como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Según ha informado el Gobierno autonómico, la decisión de acudir a los tribunales responde a la necesidad de defender el honor de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que trabajaron en las residencias madrileñas durante los momentos más duros de la crisis sanitaria.
Defensa de los profesionales que lucharon contra la pandemia
“El señor Pablo Fernández ha cruzado una línea que no se puede permitir en democracia”, afirmó en su momento el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, al presentar la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo. García Martín defendió entonces que “no se puede insultar, vejar ni acusar gratuitamente a un Gobierno ni a los profesionales de las residencias: médicos, enfermeras, geriatras, gerocultores, y a todos los que lucharon incansablemente para salvar vidas en una situación límite”.
La querella contra Fernández se suma al compromiso del Ejecutivo madrileño de proteger la reputación y el trabajo del sistema público de atención a mayores, un ámbito especialmente golpeado durante la pandemia, pero donde, según reiteran desde la Puerta del Sol, “se actuó con responsabilidad y entrega profesional”.
Contexto jurídico y político
Desde el entorno de la presidenta Ayuso consideran que las declaraciones del portavoz de Podemos no solo son injuriosas, sino también parte de una estrategia de desprestigio político sin base jurídica. La Comunidad de Madrid sostiene que la justicia debe intervenir para frenar este tipo de manifestaciones, al considerar que se vulneran derechos fundamentales como el honor y la presunción de inocencia.
Fuentes del Gobierno regional subrayan que el proceso judicial no busca únicamente una reparación institucional, sino también lanzar un mensaje claro sobre los límites del debate público, especialmente cuando se ponen en cuestión decisiones tomadas en un contexto sanitario de emergencia global.
