Tras décadas de vertidos ilegales al río Jarama, la urbanización de lujo Ciudalcampo, situada entre los municipios de San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo y Algete, dejará finalmente de contaminar un espacio protegido de la Red Natura 2000. El Canal de Isabel II ha iniciado las obras de un colector de cuatro kilómetros que conectará las aguas residuales de la urbanización con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo Quiñones, con un presupuesto de 5,56 millones de euros financiados íntegramente con fondos públicos.
Desde su construcción en los años 60, esta urbanización, que cuenta con unas 1.200 viviendas de alto nivel adquisitivo, ha vertido sin depurar sus aguas fecales directamente al entorno del río Guadalix, afectando gravemente la calidad del agua del Jarama, en un tramo catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Para obtener la autorización de vertido que exige la normativa, se instaló en su día una “depuradora placebo”, sin capacidad real de depuración, que ha operado durante más de medio siglo sin una intervención efectiva por parte de las administraciones públicas.
La inacción institucional ha sido generalizada, según denuncia la Plataforma Ecologista Madrileña, integrada por grupos como GRAMA, ARBA o Jarama Vivo. Las primeras denuncias formales se presentaron entre 2019 y 2020, cuando los vecinos de la urbanización vecina de Santo Domingo y colectivos ecologistas alertaron del problema ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, las respuestas iniciales fueron, en palabras de los activistas, tibias: módicas sanciones por parte de la CHT, inacción autonómica y retrasos municipales.
Fue la presión mediática y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, así como informes del SEPRONA, lo que llevó a la revocación de la autorización de vertido en 2020. Ahora, en 2025, el Canal de Isabel II ha iniciado la obra como parte de su Plan Estratégico 2025-2030, lo que permitirá poner fin a más de cincuenta años de contaminación sistemática.
No obstante, la financiación de esta infraestructura ha generado críticas. Según el Plan Director de Saneamiento y Depuración de 1998, firmado por el Ayuntamiento, el Canal de Isabel II y la Consejería de Medio Ambiente, los propietarios de Ciudalcampo debían asumir una parte proporcional del coste. Un estudio técnico del propio Canal cifraba esa contribución inicial en más de 1,1 millones de euros, actualizables con el coste final. Esta obligación está recogida en el Reglamento de Gestión Urbanística, que impone a los promotores y propietarios la financiación de los costes de urbanización, entre ellos, los de saneamiento.
Sin embargo, la ejecución actual corre íntegramente a cargo del Canal de Isabel II, lo que ha sido denunciado por los colectivos ecologistas como una cobertura con dinero público de obligaciones privadas de una urbanización VIP. “Los contribuyentes madrileños están financiando las infraestructuras que debieron costear sus residentes”, señalan desde la Plataforma Ecologista Madrileña, que exige explicaciones públicas al CYII y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Además del coste económico, los colectivos denuncian también la opacidad en la toma de decisiones, los retrasos acumulados y el impacto ambiental generado durante más de medio siglo en una zona de alto valor ecológico. La contaminación ha afectado tanto al ecosistema fluvial como a la salud de los vecinos cercanos, quienes han convivido durante años con malos olores, presencia de insectos y riesgo sanitario.
La ejecución del nuevo colector supone un hito esperado desde hace décadas, pero también una muestra de cómo la presión ciudadana puede hacer frente a la impunidad, incluso en zonas residenciales de élite. Aún así, queda pendiente el debate sobre la responsabilidad económica y política de esta larga negligencia.
