El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protagonizó este viernes un encierro en la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con el objetivo de exigir al Gobierno central el fin de las subastas de vivienda pública y la paralización de desahucios.
La acción, iniciada a primera hora de la mañana, reunió a activistas y vecinas afectadas, que ocuparon el edificio para denunciar la venta de inmuebles públicos y reclamar su incorporación al parque de alquiler social.
Acuerdo tras horas de negociación con el Gobierno
Tras varias horas de encierro y una reunión entre representantes del sindicato y los ministerios de Vivienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo que la organización considera “una victoria directa de la presión vecinal”.
Según lo pactado, se paralizarán las subastas de vivienda pública gestionada por la TGSS y se destinarán al menos 800 viviendas vacías al parque público, que serán gestionadas a través de Casa 47 bajo un modelo de alquiler asequible y permanente.
Además, los ministerios se han comprometido a celebrar una reunión de seguimiento la próxima semana para abordar la paralización de desahucios en los bloques afectados.
El sindicato reivindica la “desobediencia inquilina”
Desde el Sindicato de Inquilinas han subrayado que el acuerdo ha sido posible gracias a la movilización colectiva. “Esta victoria ha sido posible gracias a la organización de las vecinas y a la desobediencia inquilina”, han señalado.
No obstante, advierten de que el conflicto no está cerrado y anuncian que mantendrán la movilización hasta acabar con lo que consideran el negocio de la vivienda.
Un conflicto que se remonta a más de dos décadas
Según la organización, el origen de la situación actual se remonta a 2005, cuando se impulsó la Sociedad Pública de Alquiler como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda.
El modelo cambió en 2012 con la liquidación de esta entidad, lo que, según el sindicato, derivó en un proceso en el que parte del parque público fue perdiendo su uso residencial o entrando en el circuito de venta.
Escalada de tensión desde 2024
El conflicto se intensificó en junio de 2024, cuando inquilinas de viviendas vinculadas a la TGSS comenzaron a recibir notificaciones de no renovación de contratos, lo que provocó la organización colectiva de los afectados.
A partir de entonces, se sucedieron protestas en subastas, campañas de denuncia y acciones directas, incluyendo la identificación de compradores privados, entre ellos fondos de inversión.
En marzo de 2026, el sindicato asegura haber recibido el compromiso de que no continuarían las subastas, pero el reinicio de estos procesos el pasado 20 de mayo desencadenó el encierro de este viernes.
Reivindicaciones más allá del acuerdo
El Sindicato de Inquilinas había planteado una batería de medidas que incluían la paralización de todos los desahucios, la renovación de contratos de alquiler y la transferencia del patrimonio de la TGSS a un sistema público de gestión.
También propuso destinar otros activos públicos, como locales o solares, a proyectos sociales y de economía comunitaria vinculados al derecho a la vivienda.
El conflicto continúa abierto
Pese al acuerdo alcanzado, la organización considera que la situación sigue siendo crítica, especialmente por los procedimientos de desahucio aún en curso.
Por ello, ha llamado a continuar la movilización, incluyendo la participación en la manifestación convocada para este domingo en Atocha, en un contexto en el que la gestión de la vivienda pública vuelve a situarse en el centro del debate político y social.
