La Comunidad de Madrid ha anunciado que estudia recurrir ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que supone una invasión de competencias autonómicas, aunque ha confirmado que votará a favor del reparto de fondos entre las regiones “por responsabilidad”.
El plan, impulsado por el Gobierno central, está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior programa, de los que 1.113 millones corresponderían a la región madrileña.
Madrid respalda el reparto pero rechaza el modelo
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha trasladado la postura del Ejecutivo autonómico durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que Ministerio y comunidades han abordado la distribución de los fondos.
Aunque las comunidades gobernadas por el Partido Popular apoyarán el reparto económico, el Gobierno madrileño mantiene su rechazo al contenido del plan, al que califica de “propagandístico” y cuestiona en términos políticos y competenciales.
Desde la Comunidad insisten en que la decisión de respaldar la distribución de recursos responde a un ejercicio de responsabilidad institucional, pese a las discrepancias de fondo con el diseño del programa.
Críticas al reparto financiero del plan
Uno de los principales puntos de fricción es el esquema de financiación. El plan establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante, lo que incrementa su esfuerzo respecto a programas anteriores, en los que financiaban el 25%.
El Gobierno madrileño considera que este modelo es “profundamente injusto” y sostiene que, frente al mensaje del Ejecutivo central de que se triplica la inversión, en realidad la aportación estatal solo se duplica mientras que la autonómica se multiplica por cinco.
“Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera”, ha criticado el consejero, en referencia al reparto de cargas económicas.
Acusaciones de falta de consenso y presión política
Desde el Ejecutivo regional también se cuestiona el proceso de elaboración del plan, denunciando que se ha desarrollado “sin consenso, sin diálogo real” y que utiliza la financiación estatal como instrumento de presión política.
El consejero ha afirmado que el documento fue elaborado de forma unilateral por el Ministerio y presentado posteriormente a las comunidades como un texto cerrado, lo que, a su juicio, contradice el principio de cogobernanza.
Asimismo, ha criticado que no se haya atendido ninguna de las alegaciones fundamentales planteadas por la Comunidad de Madrid, y ha acusado al Gobierno de intentar imponer un modelo ideológico en materia de vivienda.
Posible recurso ante el Supremo
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid se reserva la posibilidad de interponer un recurso judicial ante el Tribunal Supremo, al entender que el plan podría invadir competencias autonómicas en materia de vivienda.
Pese a ello, el Ejecutivo regional mantiene su compromiso de participar en el reparto de los fondos, separando así su posición institucional de su rechazo político y jurídico al contenido del programa estatal.
