La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha presentado alegaciones al nuevo reglamento de Vivienda de Protección Pública impulsado por la Comunidad de Madrid, reclamando cambios profundos para garantizar el acceso real a la vivienda protegida.
La organización vecinal considera “inadmisible” que los inquilinos de viviendas protegidas en alquiler tengan que asumir el pago del IBI y exige que este impuesto sea responsabilidad exclusiva de la propiedad.
Críticas al acceso de rentas elevadas
Uno de los principales puntos de conflicto es el límite de ingresos contemplado en el nuevo reglamento. Según la FRAVM, la normativa permitiría que una familia de cuatro miembros con ingresos de hasta 84.677 euros anuales pueda acceder a una vivienda protegida, lo que consideran alejado de la realidad social.
Frente a ello, la Federación propone reducir los límites de acceso a 4 y 6 veces el IPREM, lo que situaría los ingresos máximos en cifras más ajustadas a los hogares con mayores dificultades.
Carga económica y barreras de acceso
Además del IBI, la organización denuncia otras cargas como la tasa de basuras, proponiendo que sea subvencionada o adaptada al nivel de renta para evitar que se convierta en un obstáculo adicional.
También solicita la eliminación del requisito de empadronamiento prolongado, al considerar que actúa como una barrera que perjudica especialmente a las familias en situación más vulnerable.
Protección indefinida para la vivienda pública
La FRAVM reclama que todas las viviendas protegidas mantengan su calificación de forma indefinida, independientemente de si son promovidas por entidades públicas o privadas.
A su juicio, los plazos actuales de desprotección —habitualmente en torno a 15 años— provocan la pérdida progresiva de vivienda asequible, favoreciendo su incorporación al mercado libre y alimentando dinámicas especulativas.
Modelos familiares y desigualdad en el acceso
El documento también critica que el reglamento favorezca de forma desproporcionada a determinadas tipologías familiares, como las familias numerosas, en detrimento de otros modelos como familias monoparentales o unidades convivenciales diversas.
La Federación propone que el acceso a viviendas más grandes se base en criterios objetivos de habitabilidad, como el espacio disponible por persona, en lugar de depender de categorías administrativas.
Rechazo a la flexibilización de controles
Otro de los puntos cuestionados es la sustitución de controles administrativos previos por declaraciones responsables. La FRAVM advierte de que esta medida puede debilitar las garantías públicas y facilitar adjudicaciones indebidas.
Por ello, reclama mantener un sistema de supervisión previo que asegure el cumplimiento de los requisitos antes de formalizar cualquier operación.
Defensa del derecho a la vivienda
La organización vecinal insiste en que la vivienda protegida debe estar ligada de forma permanente a su función social y no convertirse en un activo de inversión.
Entre sus propuestas figura también la exigencia de un plazo mínimo de ocupación de diez años, con el objetivo de evitar el uso especulativo de estos inmuebles.
