La derogación del Real Decreto ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán, y la desaparición de las prórrogas extraordinarias en los contratos de vivienda habitual, han generado un escenario de confrontación entre inquilinos y propietarios en el que el arbitraje se presenta como una alternativa a la vía judicial.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la XIII Jornada de Arbitraje Inmobiliario, organizada por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, en la que participó el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID-AIM).
El Consejo Arbitral, un instrumento para favorecer la seguridad jurídica
Durante la inauguración de la jornada, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, destacó la labor del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, en funcionamiento desde 2008.
Según señaló, este organismo “ha abierto camino y ha permitido demostrar que se puede generar un mercado de vivienda sano en un entorno de seguridad jurídica”.
La situación judicial se agrava con la derogación de las prórrogas
El presidente de COAPIMADRID-AIM, Jaime Cabrero García, explicó que la situación generada tras la derogación de las prórrogas extraordinarias del alquiler ha agravado el retraso existente en los tribunales ordinarios, marcado por el elevado número de lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las denuncias por ocupación ilegal y el aumento de la duración de los procedimientos relacionados con el alquiler y la ocupación.
Más de 22 meses de duración en los procedimientos arrendaticios
De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial expuestos durante la jornada, los procedimientos verbales arrendaticios alcanzan una duración total de 22,3 meses, teniendo en cuenta tanto la tramitación en el juzgado como la apelación ante la Audiencia Provincial.
En el caso de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal, la duración asciende a 27 meses.
Además, en 2025, los lanzamientos practicados por los juzgados de primera instancia derivados de procedimientos de la LAU se situaron en 18.317, mientras que las denuncias por ocupación ilegal alcanzaron las 14.875, según los datos del Ministerio del Interior.
El arbitraje se presenta como una opción más rápida y económica
Ante este contexto, Jaime Cabrero García defendió que la derogación del Real Decreto Ley 8/2026 ha reforzado la opción del arbitraje como medio alternativo para solucionar los conflictos en materia de alquiler.
El presidente de COAPIMADRID-AIM subrayó que esta vía “es más económica, ahorra tiempo y ofrece seguridad jurídica a las partes” y destacó especialmente la opción de acudir al Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, entidad de la que COAPIMADRID-AIM es miembro fundador y que, según indicó, constituye una garantía de seguridad para los ciudadanos por su carácter institucional.
