La industria de defensa española vive uno de sus mayores conflictos empresariales de la última década. Santa Bárbara Sistemas ha llevado ante el Tribunal Supremo su enfrentamiento con Indra y el Ministerio de Defensa por la adjudicación de programas estratégicos valorados en más de 7.000 millones de euros, en una batalla que trasciende lo mercantil y entra de lleno en el terreno político e industrial.
El origen del conflicto se sitúa en la designación de Indra como coordinador industrial del programa VCR 8x8 Dragón, el mayor proyecto terrestre del Ejército de Tierra. Santa Bárbara considera que esta decisión otorga a Indra una posición de ventaja determinante y altera las reglas de la competencia en un sector clave para la seguridad nacional.
Tras perder el primer recurso en la Audiencia Nacional, la compañía ha optado por acudir al Supremo, convencida de que el proceso de adjudicación presenta irregularidades sustanciales y responde a una estrategia del Gobierno para impulsar a Indra como un supuesto “campeón nacional” de la defensa.
Miles de millones y programas estratégicos en juego
El litigio no se limita a un único contrato. Afecta a vehículos blindados, sistemas de mando y control, modernización de carros de combate y desarrollos tecnológicos futuros que marcarán el rumbo del sector durante los próximos años. En conjunto, se trata de decenas de miles de millones de euros en inversión pública concentrados en un número muy reducido de empresas.
Desde el entorno de Santa Bárbara se subraya su larga experiencia industrial y productiva en el ámbito militar, frente a un modelo que, a su juicio, prioriza decisiones políticas sobre criterios técnicos e industriales. La empresa sostiene que la concentración de contratos en un solo grupo puede debilitar la competencia, encarecer costes y reducir la capacidad real de innovación.
Un conflicto con trasfondo político
La disputa ha reavivado el debate sobre el papel del Estado en la industria de defensa, especialmente en un contexto de fuerte incremento del gasto militar y de compromisos internacionales con la OTAN y la seguridad europea. La participación pública en Indra y su creciente peso en los grandes programas ha alimentado las críticas sobre una intervención estatal excesiva en el mercado.
El economista José Ramón Riera ha advertido en varias ocasiones de los riesgos de este modelo, recordando que “cuando el Estado decide ganadores y perdedores en sectores estratégicos, el resultado suele ser menos eficiencia y más dependencia política”. Una reflexión que vuelve a cobrar actualidad ante la judicialización del conflicto.
Un pulso que marcará la próxima década
La decisión del Tribunal Supremo será clave para determinar si el proceso seguido por Defensa se ajustó plenamente a la legalidad o si, por el contrario, deberá revisarse la adjudicación. Más allá del fallo, el caso puede redefinir el mapa de la industria de defensa en España, consolidando un modelo altamente concentrado o abriendo la puerta a un mayor equilibrio entre fabricantes.
Mientras tanto, el sector observa con inquietud una batalla que no solo enfrenta a dos grandes compañías, sino que plantea una pregunta de fondo: si la política industrial actual fortalece realmente la capacidad defensiva del país o introduce distorsiones que pueden comprometer la competencia y el uso eficiente del dinero público.
