El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, deberá declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. La comparecencia está fijada para el próximo 6 de mayo, según una providencia judicial que da cumplimiento a lo ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid, que obligó a reabrir la investigación.
La magistrada Raquel Robles ha acordado la citación tras la decisión de la Audiencia de admitir a trámite las denuncias presentadas por el PSOE y por el diario El País, junto con los dos periodistas presuntamente perjudicados. En la misma jornada también declararán los dos reporteros afectados y un testigo.
La investigación se centra en la difusión de datos de periodistas
El procedimiento judicial se centra en la supuesta difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas de El País que investigaban informaciones relacionadas con el presunto fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Según la denuncia, Miguel Ángel Rodríguez habría enviado a un chat de periodistas la identidad y una imagen de los reporteros, señalando que estos se encontraban en las inmediaciones del domicilio de Ayuso y su pareja mientras realizaban su trabajo informativo.
En el mensaje difundido, el jefe de gabinete aseguró que los periodistas estaban “acosando a vecinos de la presidenta, incluido a menores de edad”, afirmaciones que formaron parte de la polémica generada en torno a la cobertura mediática del caso.
La Audiencia ordena investigar el origen de los datos
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa al considerar necesario investigar cómo llegaron los datos personales de los periodistas al jefe de gabinete y si su difusión pudo constituir un delito.
En su resolución, el tribunal recordó que la ley obliga a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a mantener en secreto la información obtenida durante el ejercicio de sus funciones, lo que refuerza la necesidad de esclarecer el origen de los datos difundidos.
Por ello, la magistrada ha ordenado también identificar a los agentes de la Policía Nacional que formaban parte del servicio de escolta de la presidenta madrileña el día de los hechos, ya que fueron ellos quienes identificaron a los periodistas en la vía pública.
La causa fue archivada inicialmente
En un primer momento, la titular del juzgado había decidido archivar la causa al considerar que la simple identificación nominal de los periodistas no afectaba a su intimidad ni constituía un secreto protegido penalmente.
Sin embargo, la Audiencia Provincial corrigió esta decisión y estimó los recursos presentados por el PSOE y los periodistas afectados, señalando que sí era pertinente investigar las circunstancias en las que se obtuvieron y difundieron esos datos.
Reacciones políticas tras la citación
La citación judicial ha provocado reacciones en la oposición política en Madrid. El líder del PSOE madrileño, Óscar López, ha afirmado que la situación resulta “delicada” para la presidenta regional y ha acusado al jefe de gabinete de utilizar métodos de presión contra periodistas.
Desde Más Madrid, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado que el proceso judicial avance hasta esclarecer los hechos y ha criticado lo que considera prácticas de intimidación contra medios de comunicación.
Por el momento, la citación judicial abre una nueva fase en la investigación que deberá determinar si la difusión de los datos personales de los periodistas constituye o no un delito de revelación de secretos.
