Nueva normativa para reforzar la protección de la infancia

La Ley de Violencia Vicaria afronta su segunda vuelta en el Consejo de Ministros para reforzar la protección de los menores

El Consejo de Ministros abordará en segunda vuelta el anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria, una norma destinada a reforzar la protección de los menores y endurecer la respuesta frente a esta forma de violencia de género.

El Consejo de Ministros tiene previsto abordar este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de la futura Ley de Violencia Vicaria, una iniciativa con la que el Gobierno pretende reforzar la protección de los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género y establecer nuevas medidas para prevenir, detectar y sancionar esta forma de violencia ejercida a través de los menores.

El texto regresa al Consejo de Ministros tras incorporar informes

La norma vuelve al Consejo de Ministros después de superar el trámite de consultas e incorporar las observaciones de los órganos consultivos y de los distintos ministerios implicados. Con esta segunda aprobación, el Gobierno podrá remitir el proyecto de ley a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria.

Protección específica frente a la violencia ejercida contra los hijos

El objetivo principal de la ley es reconocer de forma específica la violencia vicaria como una manifestación de la violencia de género, entendida como aquella que busca causar el mayor daño posible a las mujeres utilizando a sus hijos e hijas o a otras personas de su entorno familiar.

Entre las medidas previstas figura el refuerzo de la protección de los menores, una mayor coordinación entre administraciones y operadores judiciales y la adopción de mecanismos de prevención y detección temprana para evitar situaciones de riesgo.

La tramitación continuará en el Congreso

Una vez aprobada en segunda vuelta por el Ejecutivo, la futura ley iniciará su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados, donde los grupos podrán presentar enmiendas y debatir su contenido antes de su aprobación definitiva.

La iniciativa forma parte de las reformas impulsadas por el Gobierno para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y adaptar el marco jurídico a nuevas formas de violencia reconocidas en los últimos años.