El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una reforma que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó como “histórica” por modernizar un texto vigente desde 1882. La nueva norma pretende trasladar la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal, limitar la acusación popular y reforzar la independencia judicial, pero su tramitación parlamentaria parte con escasas opciones de prosperar al carecer de los apoyos necesarios.
Los fiscales asumirán la investigación penal
Bolaños explicó que el texto, de más de 1.000 artículos, “europeíza” el sistema judicial español al equipararlo con los modelos de otras democracias occidentales, donde los fiscales investigan y los jueces juzgan. Según el ministro, el objetivo es “garantizar el principio de independencia judicial” y evitar “el uso espurio de la acusación popular por organizaciones ultraderechistas para perseguir a personas progresistas y su entorno”.
La reforma contempla la figura del “juez de garantías”, que supervisará la actuación del fiscal, y la del “juez de enjuiciamiento”, encargado del juicio oral. Con este modelo, apuntó Bolaños, se asegura “una triple tutela judicial en cada fase del proceso”.
Límites a la acusación popular y mandato del fiscal general
La nueva Lecrim restringe el ejercicio de la acusación popular: partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas a ellos no podrán ejercerla, y solo podrá aplicarse a delitos de corrupción, violencia de género y crímenes contra la comunidad internacional. Además, deberá existir una vinculación legítima entre la entidad denunciante y el caso.
Otra de las grandes novedades es la fijación del mandato del fiscal general del Estado en cinco años, desvinculándolo del Gobierno de turno. Bolaños insistió en que “no habrá interferencias del Ejecutivo en la Fiscalía” y que “todas las comunicaciones serán públicas y registradas”.
El Gobierno prevé que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2028 y que afecte únicamente a los procedimientos iniciados a partir de esa fecha.
Una reforma sin apoyos suficientes
Pese al entusiasmo del Ejecutivo, la norma nace sin respaldo político. Sumar se ha desmarcado del proyecto al rechazar la limitación de la acusación popular, mientras que Junts ha confirmado que no apoyará la iniciativa. Por su parte, el Partido Popular la considera un “intento de controlar la Justicia” y ha acusado al Gobierno de querer “pasar la norma deprisa y corriendo”.
Desde el ámbito judicial, la propuesta también genera división de opiniones. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la consideran “inoportuna” y advierten de que “entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real es un error”.
En cambio, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han mostrado su respaldo, defendiendo que “refuerza el papel investigador de la fiscalía” y constituye “un paso imprescindible hacia un sistema judicial moderno y transparente”.
Bolaños defiende su alcance “histórico”
Durante su intervención, Félix Bolaños subrayó el carácter simbólico de la aprobación de la norma: “Han pasado doce papas, cuatro reyes, dos dictadores y 44 presidentes del Gobierno desde que se aprobó la actual ley. Hoy damos un paso decisivo hacia una Justicia más ágil, moderna y europea”.
Pese a las resistencias políticas y judiciales, el Gobierno insiste en que la nueva Lecrim es “una ley de país, no de partido”, aunque su futuro en el Congreso parece, de momento, incierto.
