El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nuevo decreto que regula las instalaciones eléctricas de alta tensión en la Comunidad de Madrid, una norma que sustituirá a la vigente desde 2010 y que permitirá reducir en dos años los plazos de tramitación de infraestructuras críticas como subestaciones eléctricas, hospitales, colegios o centros de procesamiento de datos (CPD).
Marco normativo más ágil y adaptado a las necesidades energéticas actuales
El objetivo del nuevo texto es modernizar y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la autorización, comunicación, verificación e inspección de este tipo de infraestructuras. Además, actualiza el régimen de responsabilidades y sanciones, con el fin de adaptar la normativa autonómica a los estándares nacionales y europeos en materia de eficiencia y sostenibilidad.
Según la Consejería competente, más del 20% de los expedientes actuales se beneficiarán de una tramitación más rápida, lo que contribuirá a acelerar el desarrollo energético de la región y a reforzar la seguridad del suministro eléctrico.
Mayor capacidad en la red y aprovechamiento de infraestructuras
Una de las principales novedades del decreto es el incremento del aprovechamiento de los transformadores eléctricos, que pasa del 70% al 85% de capacidad de acceso en las subestaciones de transformación. Esta medida, alineada con el nuevo marco estatal, liberará capacidad adicional en la red y facilitará la conexión de nuevos proyectos energéticos en la Comunidad de Madrid.
Con este avance, el Gobierno regional pretende optimizar los recursos existentes y mejorar la competitividad del sistema energético, reduciendo los cuellos de botella administrativos que afectan a la implantación de proyectos estratégicos.
Refuerzo ambiental y compromiso con la sostenibilidad
El nuevo decreto también introduce mecanismos de protección medioambiental más exigentes para las instalaciones ubicadas sobre suelo rústico. Se establece la obligación de presentar una garantía económica destinada al desmantelamiento y restauración del terreno una vez finalizada la vida útil de la infraestructura.
Esta medida busca asegurar la sostenibilidad de los proyectos y garantizar que la expansión de la red eléctrica se lleve a cabo con el máximo respeto al entorno natural y al equilibrio territorial.
