El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abonado ya los 17.200 euros de sanción económica que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, según consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press.
Del total de la cantidad satisfecha, 7.200 euros corresponden a la multa impuesta por el alto tribunal y han sido ingresados a favor del Tesoro Público. Los 10.000 euros restantes se destinarán a la indemnización por responsabilidad civil acordada en la misma sentencia.
El Supremo reclama la cuenta bancaria de González Amador
Tras confirmarse el pago, el Tribunal Supremo ha solicitado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facilite su número de cuenta bancaria para proceder al ingreso de los 10.000 euros fijados como indemnización en la resolución judicial.
La condena dictada el pasado mes de diciembre no solo incluía la sanción económica, sino también dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado.
Fondos procedentes de una campaña de la UPF
La Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz durante el procedimiento, comunicó al Supremo que el pago se había efectuado “a todos los efectos”. En su escrito, precisó que los fondos proceden de aportaciones voluntarias canalizadas por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que García Ortiz fue presidente.
No obstante, la defensa subrayó que el ex fiscal general asume íntegramente el pago como propio, pese a que la recaudación se realizara a través de dicha organización profesional.
La UPF impulsó una campaña de colaboración para hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de la condena y, semanas después, anunció que se había alcanzado la totalidad del importe necesario para cubrir la sanción.
Recurso, reincorporación y petición de indulto
Tras la sentencia, García Ortiz presentó un incidente de nulidad, alegando que sus actuaciones respondieron a la defensa de la credibilidad de la Fiscalía frente a lo que consideró ataques institucionales.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado autorizó su reincorporación a la carrera fiscal, concretamente a la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Además, el Ministerio de Justicia ha iniciado ya los trámites relativos a una petición de indulto presentada en su favor. El Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo que emita el preceptivo informe, al tratarse del órgano sentenciador, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la medida de gracia.
