El Tribunal Supremo inicia este martes uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de la pandemia: el juicio del denominado caso Koldo, en el que se sienta en el banquillo el exministro de Transportes José Luis Ábalos junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El proceso, que se desarrollará en 13 sesiones entre el 7 y el 30 de abril, abordará las presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas adjudicados en 2020, en plena crisis sanitaria de la COVID-19.
Elevadas penas y múltiples delitos
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos 24 años de prisión, una pena superior a los 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan ambas peticiones hasta los 30 años de cárcel. Por su parte, Aldama afronta una petición de 7 años, atenuada por su colaboración con la Justicia.
Los tres están acusados de una batería de delitos que incluye cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, falsedad documental y prevaricación, entre otros. Además, la Fiscalía reclama multas millonarias e indemnizaciones a empresas públicas como Ineco y Tragsatec, así como el decomiso de beneficios ilícitos.
El núcleo del caso: contratos de emergencia en plena pandemia
El juicio analizará el supuesto entramado que habría operado en la adjudicación de contratos de mascarillas para entidades públicas como Adif y Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes.
Según el fiscal, los acusados habrían articulado un “preciso reparto de funciones” para aprovechar la urgencia del momento y obtener beneficios económicos. En este esquema, Aldama habría canalizado empresas proveedoras, mientras que Ábalos y su entorno facilitarían la adjudicación a cambio de compensaciones económicas.
La investigación apunta a que el empresario habría obtenido 3,7 millones de euros, mientras que Koldo García habría recibido pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros, presuntamente destinados a repartirse con el exministro.
Pagos en especie y contrataciones bajo sospecha
Además del dinero en efectivo, la causa recoge beneficios en especie, como estancias en viviendas de lujo en Marbella y Cádiz, así como el alquiler de un inmueble en Madrid en condiciones ventajosas.
La Fiscalía también acusa a Ábalos de favorecer contrataciones irregulares en empresas públicas para personas de su entorno, que habrían percibido salarios sin desempeñar funciones reales.
Un proceso con derivadas políticas y judiciales
El juicio llega tras más de dos años de investigación y ha tenido importantes consecuencias políticas, como la salida de Ábalos del PSOE y su renuncia al escaño en el Congreso. Tanto él como Koldo García permanecen en prisión provisional en Soto del Real por riesgo de fuga.
El proceso coincidirá además con otro gran caso judicial en la Audiencia Nacional, el caso Kitchen, lo que refuerza la relevancia de estas semanas en el ámbito judicial español.
Testigos de alto perfil y un tribunal de peso
Más de 80 testigos participarán en el juicio, entre ellos figuras institucionales como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, quienes informarán por escrito sobre contratos vinculados a sus etapas en gobiernos autonómicos.
El tribunal estará compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Andrés Martínez-Arrieta, en un proceso que no será retransmitido en directo.
Las defensas y la clave de la colaboración
Las defensas de Ábalos y Koldo García niegan las acusaciones, sostienen la legalidad de los contratos y cuestionan la credibilidad de Aldama, cuya declaración es uno de los pilares del caso.
Por su parte, el empresario ha reconocido los hechos y ha defendido su “colaboración proactiva” con la Justicia, buscando una reducción de condena.
El juicio del caso Koldo se perfila así como uno de los procesos más complejos y relevantes de los últimos años en España, no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino por su impacto político y su origen en una de las etapas más críticas recientes: la pandemia.
