El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado la publicación inmediata del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que supuestamente se le vincula con el caso Koldo, la trama de adjudicaciones de mascarillas investigada por la Audiencia Nacional. Torres asegura estar “deseoso de que se haga público” para poder defenderse y poner punto final a lo que califica de “infamia”.
“No hay nada que ocultar”
Torres ha pedido en varias ocasiones que se difunda el documento, del que solo algunos medios han adelantado extractos, y en el que se le relaciona con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. “Pongamos punto y final a esta infamia”, señaló el ministro en declaraciones a Servimedia, denunciando el “calvario” que vive por un informe “fantasma” que —según su entorno— no ha sido publicado ni conocido oficialmente.
Desde su equipo aseguran que el ministro y su familia “están sufriendo un daño irreparable” y reiteran que “no existen peticiones de mordidas, comisiones ni irregularidades” en su gestión.
El caso y las acusaciones
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga varios contratos de más de 50 millones de euros para la compra de mascarillas durante la pandemia, en los que se habrían repartido alrededor de cinco millones en comisiones ilegales.
En informes previos de la UCO se menciona a Torres en un intercambio de mensajes entre Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, investigado en la trama. En esos mensajes, ambos habrían citado al entonces presidente de Canarias como posible interlocutor para adjudicaciones de material sanitario.
Torres ha reconocido que intervino personalmente en el pago de un contrato con la empresa Soluciones de Gestión, una de las implicadas en la investigación, pero ha aclarado que no ordenó ningún pago y que su participación se limitó a garantizar el cumplimiento legal de una obligación contractual.
“Cumplo con los contratos que se firman. Defender los intereses generales es no pagar intereses de demora”, afirmó en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado el pasado enero.
El ministro insiste en su inocencia
El ministro ha reiterado que su actuación fue “correcta y transparente” y que la empresa “había cumplido con la entrega del material”. Según explicó, el pago —de 5 millones de euros por dos millones de mascarillas EPI KN95— se retrasó más de dos meses, motivo por el que intervino para garantizar la legalidad del proceso administrativo.
“No tengo capacidad para ordenar pagos, solo velé porque se cumplieran los contratos firmados. Un presidente público para eso está”, zanjó.
Espera un año “muy duro”
Torres afirma haber vivido “un año muy duro” en lo personal y profesional, marcado por acusaciones que considera infundadas. “Ojalá se publique pronto el informe, porque no hay nada que ocultar ni nada que encontrar”, insisten desde su entorno, reclamando que la UCO haga público el documento para “cerrar de una vez esta etapa”.
