El Gobierno central ha dado luz verde al reparto de cerca de 3.900 menores migrantes no acompañados que se encuentran en situación de saturación en los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. La medida, que entra en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que cada comunidad autónoma deberá habilitar 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para atender a esta población vulnerable.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar con “falta de transparencia” y de favorecer a comunidades como País Vasco y Cataluña, que no recibirán menores al haberse reconocido su esfuerzo previo de acogida.
Así queda el reparto entre comunidades
Según el decreto, las comunidades con mayor capacidad de acogida son:
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Andalucía: 2.827 plazas.
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Cataluña: 2.650 plazas.
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Madrid: 2.325 plazas.
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Comunidad Valenciana: 1.767 plazas.
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Galicia: 886 plazas.
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Castilla y León: 783 plazas.
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Canarias: 737 plazas.
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País Vasco: 731 plazas.
En un segundo grupo se sitúan Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441) y Baleares (406). En la franja más baja aparecen Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107). Ceuta y Melilla, por su menor tamaño poblacional, contarán con 27 y 28 plazas respectivamente.
Inicio del proceso: traslados en 15 días
El protocolo establece que los traslados deberán realizarse en un máximo de 15 días desde la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. Canarias ya ha solicitado formalmente esta declaración, y Ceuta podría hacerlo en los próximos días. Una vez activado el procedimiento, cada menor será inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, se abrirá un expediente individual y se notificará a la comunidad receptora.
El Gobierno central ha insistido en que este reparto busca garantizar una acogida “digna y solidaria”, en palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Según el Ejecutivo, la presión migratoria en Canarias y en las ciudades autónomas hacía “insostenible” la situación de sus sistemas de protección.
Rechazo autonómico y batalla judicial
La medida ha desatado un amplio rechazo en varias comunidades. Diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional, mientras que Madrid se ha desmarcado optando por acudir directamente al Tribunal Supremo.
Otros gobiernos regionales, como Andalucía y La Rioja, han advertido de la saturación de sus servicios y piden un reparto “más justo”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado que su comunidad sea reconocida como “frontera” para evitar recibir una de las mayores cargas del sistema.
Mientras tanto, el Gobierno central insiste en que el decreto cumple con la ley y responde a una situación de emergencia humanitaria. Con la norma en vigor desde esta semana, el traslado de menores podría comenzar de inmediato, lo que convierte este conflicto en uno de los frentes políticos y sociales más tensos del inicio del curso político.
