El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció ayer en Barcelona la puesta en marcha de una regulación para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Esta restricción será aún más severa para los productos que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, cuya venta quedará prohibida para todos los menores de 18 años.
La medida ha sido comunicada antes de una reunión con la Gasol Foundation, entidad volcada en la lucha contra la obesidad infantil. Según ha explicado el ministro, la iniciativa responde a una necesidad de salud pública avalada por el reciente barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que indica que 9 de cada 10 ciudadanos apoyan estas restricciones.
Riesgos para la salud y patrones de consumo
La decisión se fundamenta en informes científicos de la Aesan que advierten sobre los efectos fisiológicos del consumo excesivo de cafeína en edades tempranas, incluyendo alteraciones del sueño, trastornos cardiovasculares y cambios en el comportamiento. Los datos de consumo actuales refuerzan la urgencia de la medida: el 25% de los encuestados consume estos productos una media de dos veces por semana, y casi la mitad de los consumidores habituales ingiere al menos una bebida al día.
Además, el Ministerio ha mostrado su preocupación por la combinación de estas sustancias con el alcohol, una práctica habitual en el 47% de los consumidores jóvenes. Esta nueva ley nacional busca armonizar las normativas ya existentes en comunidades como Galicia o Asturias y alinearse con países como Alemania, Polonia o Hungría, garantizando así la unidad de mercado y una protección uniforme en todo el territorio.
Coto a la publicidad de alimentos no saludables
En paralelo a la restricción de venta, Bustinduy ha confirmado que se regulará la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y adolescencia. El ministro ha calificado estos anuncios como nocivos y ha recordado que, en España, un niño recibe de media más de 4.000 impactos publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que equivale a unos 11 anuncios diarios.
La futura normativa atenderá a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta sobre el impacto de las técnicas persuasivas que utilizan influencers o deportistas para promocionar productos ultraprocesados. Según datos de la Gasol Foundation, el 80% de los menores en España consume habitualmente alimentos y bebidas con perfiles nutricionales deficientes.
Protección de los derechos de la infancia
La regulación de la publicidad busca frenar el aumento de la obesidad infantil, un problema que, según el Ministerio, afecta con mayor dureza a las familias con menos recursos económicos. Bustinduy ha defendido la intervención normativa como una cuestión de garantía de derechos fundamentales, asegurando que es necesario poner coto a los poderosos para preservar la salud de los más vulnerables.
Esta acción legislativa complementa la prohibición de venta de estas bebidas en centros escolares aprobada el año pasado. Con la nueva norma, España se sumará a países como Reino Unido, Noruega o Suecia en la limitación de la presión publicitaria sobre alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal, consolidando un marco de protección integral para la población infantil.
