Un expediente sólido que llega a los tribunales
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que servirá de base para que la Abogacía del Estado inste la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. La decisión se sustenta en un proceso de casi dos años desarrollado por el Protectorado de Fundaciones, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad en estas entidades.
Según los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía General del Estado, la fundación incurre en causas de extinción recogidas en la Ley de Memoria Democrática, al realizar actividades consideradas contrarias al interés general. Entre ellas, destacan la apología del franquismo, el ensalzamiento del golpe de Estado y la dictadura, así como la humillación de las víctimas.
Urtasun ha subrayado que el expediente remitido a los tribunales es “sólido” y responde a la necesidad de proteger los valores democráticos. En este sentido, ha defendido que en una democracia no pueden tener cabida organizaciones que vulneren la dignidad de las víctimas o traten de legitimar regímenes autoritarios.
Investigación iniciada en 2024
El procedimiento se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio solicitó un informe para analizar la posible causa de extinción de la fundación. A lo largo de 2025 se incorporaron distintos documentos jurídicos y técnicos, incluyendo análisis sobre la actividad pública y comunicativa de la entidad, así como testimonios de víctimas del franquismo.
Entre las conclusiones de estos informes se señala que la fundación no solo no cumple con fines de interés general, sino que mantiene una actividad continuada de exaltación del régimen franquista. Además, se apunta a la existencia de discursos negacionistas sobre episodios históricos y de contenidos que deslegitiman a las víctimas de la represión.
La justicia decidirá sobre su futuro
Tras completar el procedimiento administrativo y garantizar el derecho de alegaciones de la fundación, el Ministerio ha solicitado un informe final a la Abogacía del Estado, que ha avalado la legalidad de la resolución. Este paso constituye el trámite previo necesario para que la cuestión sea elevada a la autoridad judicial, que será la encargada de decidir sobre su extinción.
Paralelamente, el Ministerio de Cultura ha impulsado otras actuaciones en el ámbito de la memoria democrática. Entre ellas, la reclamación de cerca de 30.000 documentos en posesión de la fundación, considerados de carácter público por haber sido generados durante el ejercicio de funciones oficiales del dictador Francisco Franco.
Asimismo, el Ejecutivo estudia la posible extinción de otras fundaciones vinculadas al franquismo, en aplicación de la normativa vigente. Estas iniciativas se enmarcan en la política de memoria democrática orientada a reforzar los principios de verdad, justicia y reparación.
