El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, ha emitido un fallo condenatorio contra España por la situación en la Cañada Real Galiana, donde 4.500 personas, de ellas 1.800 niños, llevan más de cuatro años sin suministro eléctrico.
Según el fallo publicado, para que las personas puedan ejercer su derecho a la vivienda, la salud y la educación, deben contar con un acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada. El Comité considera que España ha vulnerado varios artículos de la Carta Social Europea, en especial los que protegen el derecho a la vivienda y la protección contra la pobreza y la exclusión social.
El Estado no puede delegar su responsabilidad en empresas privadas
El informe del CEDS recalca que, aunque los Estados pueden suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden subcontratar sus obligaciones en materia de derechos humanos a estas compañías. "Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado", subraya el documento.
Violaciones de derechos recogidas en la Carta Social Europea
El fallo del Comité establece que España ha incumplido los siguientes artículos de la Carta Social Europea:
- Artículo 11.1 y 11.3: No ha tomado medidas adecuadas para eliminar los problemas de salud derivados de los cortes de energía.
- Artículo 31.1: No ha garantizado una vivienda con condiciones adecuadas para los afectados.
- Artículo 30: No ha adoptado medidas suficientes para proteger a los residentes contra la pobreza y la exclusión social.
- Artículo 17.1 y 17.2: Se han vulnerado los derechos de los menores, ya que la falta de electricidad ha dificultado su acceso a la educación y ha fomentado el absentismo escolar.
- Artículo 15: Las personas con discapacidad se han visto especialmente afectadas, ya que la falta de electricidad les impide ejercer plenamente su derecho a la independencia e integración social.
- Artículo 23: No se han implementado medidas adecuadas para proteger a las personas mayores afectadas por los cortes de luz.
Impacto en la salud y la vida diaria de los afectados
Las 5 organizaciones demandantes, entre ellas CCOO, denunciaron que la interrupción del suministro eléctrico en los Sectores 5 y 6 de la Cañada Real ha tenido un impacto devastador en la salud de los residentes. El informe recoge un aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias, dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales, casos de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras debido a métodos alternativos de calefacción.
Además, la falta de electricidad ha afectado especialmente a las mujeres trabajadoras y a las personas con discapacidad, dificultando su independencia y participación en la comunidad.
El Comité insta a España a tomar medidas urgentes
El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales recalca que las medidas de realojo tomadas por el Estado han sido insuficientes y que es necesario garantizar el acceso a la energía para que las familias puedan ejercer sus derechos básicos.
Además, el organismo advierte de que los afectados y las asociaciones que los representan deben ser escuchados y participar en la toma de decisiones sobre las políticas que les afectan.
Este pronunciamiento presiona al Gobierno español para que tome medidas inmediatas en la Cañada Real y evite que esta vulneración de derechos continúe afectando a miles de personas en situación de exclusión social.
