En plena escalada de preocupación vecinal por el incremento de viviendas ocupadas ilegalmente, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha impulsado una jornada informativa con el lema “Fuera okupas de Collado Villalba”, dirigida tanto a vecinos como a profesionales del ámbito jurídico y policial. La cita, celebrada en la Casa de la Cultura, ha ofrecido asesoramiento legal y práctico para actuar frente a este fenómeno que, según datos oficiales, afecta a más de 9.000 inmuebles en toda la Comunidad de Madrid.
La alcaldesa del municipio, Mariola Vargas, subrayó que se trata de una respuesta directa a la inquietud social creciente y al daño que la okupación causa a familias, personas mayores y pequeños propietarios. “Es esencial dotar a la ciudadanía de herramientas para defender sus derechos. No podemos resignarnos”, afirmó.
El evento local se enmarca en la estrategia global del Gobierno autonómico, que ha desplegado una batería de medidas y mensajes claros contra lo que considera “una amenaza para la propiedad y la convivencia”. La viceconsejera de Justicia, María del Carmen Martín García-Matos, reveló esta semana en la Asamblea que el servicio 112 Ocupación ha atendido 4.200 llamadas desde su activación, aunque solo 219 ciudadanos han requerido intervención directa. En 42 casos, se logró evitar la ocupación o proceder al desalojo gracias a esa asistencia temprana.
La Comunidad ha firmado convenios con colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoría jurídica gratuita a las víctimas de la okupación, defendiendo que estas personas sufren un “atentado contra su derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio”.
Además, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha sido tajante: “Las leyes actuales favorecen más al okupa que al propietario honesto”, en referencia a la Ley de Vivienda y al decreto antidesahucios aprobado durante la pandemia y prorrogado hasta once veces. González advirtió que este marco legal “excluye del alquiler a colectivos vulnerables como madres solteras o trabajadores precarios” y provoca una espiral de inseguridad jurídica que eleva los precios y reduce la oferta.
Los expertos del sector inmobiliario, como Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, señalan que estas circunstancias están generando un “empobrecimiento de los pequeños propietarios”, responsables del 90% del mercado del alquiler. Muchos están sacando sus inmuebles del mercado por miedo a no poder recuperarlos, disparando así los precios y acentuando la crisis habitacional.
En contraposición, desde la oposición, el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha calificado de “propaganda” la actuación del Gobierno regional, cuestionando que se destinen recursos exclusivos a los propietarios y no se promuevan vías de mediación o alternativas habitacionales para personas vulnerables. Abarca ha criticado que se utilice el término “inquiokupación” como “invención populista” y ha denunciado la existencia de mafias lucrándose del miedo al fenómeno.
El debate sobre la okupación se intensifica en la Comunidad de Madrid mientras la demanda de protección legal, soluciones habitacionales y reformas normativas se convierte en una prioridad política de cara a los próximos meses. El Ejecutivo regional reitera que no blanqueará la okupación y seguirá presionando por cambios legislativos que prioricen la propiedad y la seguridad jurídica.
Las jornadas celebradas en Collado Villalba podrían extenderse a otros municipios, como parte de un plan de formación ciudadana y prevención del delito en colaboración con fuerzas policiales y entidades profesionales. Una batalla abierta entre derechos constitucionales, necesidades sociales y seguridad jurídica, cuyo desenlace marcará buena parte del debate público en lo que resta de legislatura.
