Mascarillas

Caso mascarillas: el Consistorio sopesa recurrir la sentencia

Los servicios jurídicos analizan los fundamentos de la sentencia mientras el Consistorio mantiene su prioridad: recuperar el dinero público perdido
Medina y Luceño durante el juicio - Foto de emisión en directo Tribunal Superior de Justicia de Madrid
photo_camera Medina y Luceño durante el juicio - Foto de emisión en directo Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid continúa evaluando la posibilidad de recurrir la sentencia del conocido 'caso mascarillas', después de que la Audiencia Provincial de Madrid absolviera a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa en relación con la venta de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Así lo ha confirmado la vicealcaldesa Inma Sanz, quien desde la Puerta del Sol ha subrayado que los servicios jurídicos municipales siguen estudiando el fallo judicial para determinar si procede presentar un recurso. “Aunque la sentencia ya se ha dictado, seguimos considerando que la actuación de Medina y Luceño no fue ética, y por ello estamos analizando con detenimiento la resolución”, ha afirmado Sanz.

La sentencia ha sido recurrida parcialmente por la Fiscalía, especialmente en lo que respecta a los cargos de falsedad documental que pesaban sobre los intermediarios. Ambos empresarios cobraron comisiones millonarias por facilitar la compra de mascarillas y otros equipos de protección, en una operación financiada con fondos públicos en el momento más crítico de la emergencia sanitaria.

El objetivo del Ayuntamiento: recuperar el dinero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que el principal objetivo del Consistorio sigue siendo recuperar el dinero público que, según considera el equipo de Gobierno, fue malversado en dicha operación. “Más allá del desenlace judicial, creemos que se cometió un abuso contra los madrileños y queremos que se haga justicia devolviendo esos fondos a las arcas municipales”, ha declarado.

La polémica operación, que saltó a los medios como uno de los mayores escándalos durante la crisis sanitaria, ha generado gran repercusión mediática por las comisiones desproporcionadas cobradas por los intermediarios y por el modo en que se ejecutaron los contratos en una situación de máxima urgencia.