Sociedad

La AIReF abre un cuestionario para que la sociedad opine sobre qué políticas públicas deben evaluarse

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto en marcha un cuestionario público para consultar a la ciudadanía sobre las políticas públicas que deberían someterse a evaluación en los próximos ejercicios, reforzando así la transparencia y participación en la planificación de su función evaluadora.

Captura del cuestionario de Airef
photo_camera Captura del cuestionario de Airef

La apertura del cuestionario se acompaña de la publicación de una resolución que define criterios objetivos y públicos para priorizar los encargos de estudios de evaluación del gasto público. Con estos criterios, la AIReF pretende ordenar de manera sistemática las solicitudes y seleccionar aquellas políticas con mayor potencial de impacto en eficacia y eficiencia

Entre los criterios establecidos figuran la vinculación con compromisos europeos, el carácter transversal de la política evaluada, su relevancia para el interés general y la existencia de sinergias con evaluaciones en curso. La aplicación de estos criterios se realizará siempre que haya viabilidad técnica, datos de calidad y compromiso del organismo solicitante con el proceso.

Participación ciudadana y áreas de evaluación

La participación en el cuestionario es anónima y permite a los ciudadanos indicar áreas que consideran prioritarias, como sanidad, educación, empleo, vivienda, agricultura, industria, justicia o medio ambiente, entre otras. Los participantes también pueden sugerir nuevas áreas para evaluación y ordenar las opciones según su importancia percibida. 

Integración de los resultados en la planificación de evaluaciones

Los resultados del cuestionario serán tenidos en cuenta por la AIReF para orientar la planificación y priorización de sus trabajos evaluadores, y también se incorporarán en el diálogo con el Gobierno para el próximo Spending Review 2026‑2030.

Con estas acciones, la AIReF busca consolidar su función evaluadora como herramienta útil para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas en España, promoviendo un uso más estratégico de los recursos y fortaleciendo la confianza de la sociedad en la gestión del gasto público.