La Comunidad de Madrid destinará un total de 7 millones de euros al acogimiento residencial de menores con necesidades especiales, tras autorizar el Consejo de Gobierno tres acuerdos orientados a reforzar la integración social y la atención especializada de estos jóvenes.
La inversión permitirá financiar 123 plazas en tres centros de la región dirigidos a menores de entre 6 y 17 años que cuentan con medidas de protección y presentan déficit cognitivo, trastornos emocionales, problemas de conducta o algún tipo de discapacidad compatible con la convivencia en recursos residenciales. El periodo de ejecución se extenderá desde abril de 2026 hasta abril de 2027.
Tres recursos especializados según las necesidades de los menores
El primero de los acuerdos contempla una inversión de 2,2 millones de euros para el mantenimiento de 38 plazas destinadas a menores con déficit cognitivo ligero o límite y trastornos de conducta.
Un segundo contrato, dotado con 3,6 millones de euros, financiará 50 plazas orientadas a adolescentes de entre 12 y 17 años con trastornos del comportamiento que requieren intervención específica.
Por último, se invertirán 1,1 millones de euros en 35 plazas residenciales para menores protegidos con dificultades emocionales, problemas de relación o discapacidad compatible con la participación en la dinámica del centro.
Atención integral y programas personalizados
Los recursos, dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ofrecen una atención integral que incluye cuidado personal, apoyo educativo, intervención terapéutica, rehabilitación, asistencia social y actividades complementarias como talleres formativos, ocio o alternativas de inserción laboral.
Los profesionales desarrollan programas individualizados centrados en cada menor con el objetivo de fomentar su autonomía personal y favorecer su inclusión social.
Un recurso temporal orientado a la integración familiar
El acogimiento residencial tiene carácter temporal y se activa cuando no es posible mantener al menor en su entorno familiar con apoyos adecuados. La finalidad última de estos dispositivos es promover la integración sociofamiliar de los niños y adolescentes y garantizar su bienestar mientras se resuelve su situación personal.
Con esta inversión, el Ejecutivo regional busca reforzar la red pública de protección a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad, especialmente en aquellos casos que requieren intervención especializada.
