El Grupo Municipal de Vox, liderado por Javier Ortega Smith, reclamará este lunes en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid medidas concretas para facilitar la compra del derecho de superficie a los madrileños incluidos en el Plan 18.000 de vivienda.
La formación pone especial énfasis en aquellos afectados por la avanzada edad o problemas de salud, que no pueden acceder a financiación bancaria para completar la adquisición.
Entre sus exigencias, Vox solicita que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida implemente una "solución viable y justa" que permita garantizar la compra de estas viviendas a sus actuales inquilinos. Además, plantea la reducción del periodo de transmisión del derecho de superficie de quince a cinco años, en especial para los afectados por problemas de salud debidamente acreditados.
El Plan 18.000: un modelo de vivienda protegida desde los años 90
El Plan 18.000 se remonta a los años 90, cuando el Ayuntamiento de Madrid impulsó la construcción de viviendas protegidas en terrenos públicos. En este modelo, los adjudicatarios no adquirían la propiedad total del inmueble, sino únicamente un derecho de superficie por un tiempo determinado.
Desde el principio, los superficiarios han reclamado la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo correspondiente, que incluye viviendas, locales comerciales y garajes en proporción a los elementos comunes del edificio.
A lo largo de los años, se han implementado distintas iniciativas para permitir a los inquilinos convertirse en propietarios definitivos, como los pliegos aprobados en 1992 y 2009, que establecían la opción de adquirir la parte del terreno correspondiente.
Cambios en la regulación y el impacto de los Pactos de la Villa
En 2013, bajo la alcaldía de Ana Botella, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que se mantuvo vigente hasta 2018, cuando el gobierno municipal de Manuela Carmena optó por no prorrogarlo.
Posteriormente, en el primer mandato de Almeida, se aprobó un nuevo pliego que buscaba garantizar la estabilidad de los superficiarios. Sin embargo, los Pactos de la Villa, surgidos durante la pandemia y respaldados por la oposición, prohibieron la enajenación del suelo o viviendas destinadas a protección pública, asegurando su permanencia como patrimonio municipal.
Vox busca cambios en el modelo de adquisición
Ante este contexto, Vox insiste en la necesidad de modificar las condiciones actuales para permitir la compra del suelo a quienes ya residen en estas viviendas. La formación busca una mayor flexibilidad en los plazos de transmisión del derecho de superficie y alternativas para quienes no pueden obtener financiación bancaria.
El debate se centrará en la comisión municipal de este lunes, donde el partido de Ortega Smith exigirá que el Ayuntamiento priorice soluciones efectivas para los vecinos afectados, en lugar de mantener restricciones que dificultan su acceso a la propiedad.
