En los escritos, firmados por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se advierte de que, en caso de que Martín Aguirre no cese en sus ataques, la Comunidad de Madrid romperá cualquier tipo de relación institucional con él y se limitará a interlocutar con otros representantes de la Delegación del Gobierno.
Acusaciones de "indignidad" y advertencia de ruptura institucional
En la misiva dirigida al ministro Ángel Víctor Torres, García Martín denuncia que el delegado del Gobierno ha traspasado "todos los límites de la decencia política e institucional", acusándolo de utilizar su cargo para lanzar "mentiras sin fundamento" contra el Ejecutivo de Ayuso. Asimismo, recalca que, en reiteradas ocasiones, el Gobierno regional ha pedido que "se abstenga de insultar y ofender a los legítimos representantes de las instituciones madrileñas" y que se enfoque en sus competencias, las cuales, según la Comunidad de Madrid, "tiene completamente abandonadas".
El consejero madrileño solicita al ministro que tome "las medidas oportunas" para que Martín Aguirre rectifique urgentemente y cese en sus descalificaciones. En caso contrario, advierte que el Ejecutivo de Ayuso no mantendrá ninguna relación con el delegado del Gobierno, exigiendo un sustituto que respete los principios de "lealtad y respeto institucional".
Por su parte, en la carta dirigida al propio Francisco Martín Aguirre, la Comunidad de Madrid va un paso más allá y califica de "indignas" sus recientes declaraciones, reprochándole que haya utilizado la Delegación del Gobierno como "una plataforma de activismo político" en lugar de centrarse en sus responsabilidades. García Martín le insta a "rectificar de inmediato" sus palabras y le exige que "se abstenga en el futuro de realizar declaraciones ofensivas" contra la Comunidad de Madrid, su presidenta y los ayuntamientos de la región.
Ultimátum: sin rectificación, no habrá relación institucional
La carta deja claro que, si Martín Aguirre no cambia su actitud, el Ejecutivo de Ayuso romperá cualquier tipo de relación con él y solo mantendrá contacto con otros representantes de la Delegación del Gobierno que "respeten los principios institucionales".
Este enfrentamiento supone un nuevo capítulo en la creciente tensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, en un contexto donde las diferencias políticas entre Ayuso y Pedro Sánchez han sido constantes. La exigencia de una rectificación inmediata y la amenaza de romper relaciones institucionales marcan un clima de confrontación sin precedentes entre ambas administraciones.
Desde la Comunidad de Madrid consideran que la Delegación del Gobierno está siendo utilizada con fines partidistas, mientras que desde el Ejecutivo central aún no ha habido una respuesta oficial a estas duras acusaciones.