El Tribunal Supremo ha desestimado la petición del exministro José Luis Ábalos para investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la publicación de informaciones y fotografías privadas en varios medios de comunicación. El instructor de la causa, Leopoldo Puente, sostiene que no existe “indicio alguno de mínima consistencia” que permita atribuir a los agentes las filtraciones del denominado book de mujeres, hallado en dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.
El juez recuerda que algunos de los investigados “han resuelto, en el libérrimo ejercicio de sus facultades, conceder entrevistas a medios e incluso facilitar documentación”, lo que abre múltiples vías para explicar la difusión del material. Además, apunta que el propio Ábalos reconoció que el disco duro que intentó ocultar en un registro no era más que “una copia de otro dispositivo en su domicilio”, lo que multiplica las posibilidades de que existan duplicados en poder de terceros.
La defensa del exministro socialista había solicitado que se identificara a los agentes que manejan el material y que se ordenara el “expurgo” de todo contenido ajeno a la investigación, alegando que las filtraciones buscaban “desdorar” su imagen y vulneraban tanto su intimidad como la de las mujeres fotografiadas.
Sin embargo, el juez Puente recuerda que ninguna de las imágenes ni archivos publicados por la prensa figuran en los informes oficiales elaborados por la Policía Judicial. Subraya que, si Ábalos considera lesionados sus derechos, puede interponer denuncia contra el medio que difundió la información, pero no corresponde al Supremo instruir ese asunto.
El magistrado también aclara que en un futuro se procederá a un expurgo controlado del material digital incautado, pero solo una vez que se haya revisado la totalidad de la documentación. Ese proceso, añade, se hará con intervención de todas las partes y en “términos razonables” para garantizar las garantías procesales.
Ábalos había denunciado que entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre se publicaron varias noticias con material privado que, a su juicio, solo podían proceder de fuentes de la investigación. El Supremo, no obstante, considera que no existen pruebas que vinculen las filtraciones con la Guardia Civil y apunta a otras posibles vías de acceso.
